Ayuda pública

"En el ámbito de la empresa privada no hay que inmiscuirse". Esta es la respuesta del ministro de Asuntos Exteriores a un grupo de periodistas que piden su opinión sobre el hecho de que Boliden haya presentado suspensión de pagos. Puede que tenga razón. Fue consejero y director de estrategia corporativa de Ercros. Tranquiliza saber que guarda el mismo respeto a las decisiones de las empresas que debe de tener a las que tomó cuando era consejero. Al fiscal que no sea respetuoso se le cambia, que aprenda modales. Sin embargo, tranquiliza un poco más cuando dice que Boliden debe explicar "muy bien" el destino de los más de 6.000 millones destinados a su reflotamiento.Tal vez quienes deberían explicarse, y muy bien, son los Ministerios de Economía y Medio Ambiente y la Consejería de Trabajo. No es razonable que destinen más de 5.000 millones y la consejería 700 y seis años después estén en tela de juicio los 400 puestos de trabajo que se iban a garantizar.

Algunos, cargos públicos por supuesto, deberían explicar si los fondos empleados eran suficientes para garantizar la viabilidad de la empresa, si los técnicos de las administraciones afectadas han realizado un seguimiento sobre el uso de las subvenciones o si, por el contrario, una vez facilitados los fondos, termina su trabajo y ya es cosa privada.

Estas explicaciones podrían llevar tranquilidad de que se ha hecho todo lo adecuado para garantizar que se cumpliera el objetivo previsto, que no era otro sino la viabilidad de la empresa, y que no se destruyeran los puestos de trabajo.

Mucho temo que, una vez más, nadie resulte responsable de las decisiones que un día se tomaron y que no han servido para alcanzar los objetivos que las justificaron. Esto sí que es preocupante, no que Boliden suspenda pagos. También ha suspendido pagos Milosevic y no está preocupada Serbia, sino pendiente de incorporarse a Europa. A lo mejor con su marcha se le quitan los nervios a los flamencos (a los serbios seguro) y Andalucía, además de contar con olivos, cuenta con empresas que garanticen unos puestos de trabajo, sin que sirvan de excusa para continuar una explotación que ha reventado a pesar de la ayuda pública.