El municipio ingresó 3.400 millones por el impuesto que cuestionan los jueces
El Ayuntamiento de Madrid ha ingresado 3.400 millones de pesetas por el pago del controvertido impuesto urbanístico, conocido como coeficiente K, que grava la construcción de nuevos edificios y que el gobierno de José María Álvarez del Manzano, del PP, ha comenzado a cobrar desde abril de 1997.Ya se han conocido 11 sentencias judiciales a favor y siete en contra del cobro de este nuevo impuesto. Un portavoz municipal explicó que, de acuerdo a la Ley de Jurisdicción, los servicios jurídicos no apelarán las sentencias contrarias que no superen los tres millones de pesetas, por lo que devolverán el dinero a los denunciantes que cuenten con un fallo que se encuadre en esa línea y los exima del pago.
Según dicho portavoz de Urbanismo, el Ayuntamiento ya ha cobrado por 2.200 permisos de construcción de edificios de nueva planta y viviendas unifamiliares. De esos trámites surgen los 3.400 millones de pesetas que hasta ahora han engrosado las arcas municipales.
El coeficiente K obliga a los constructores que soliciten licencias de obra para levantar edificios en zonas urbanas consolidadas (áreas que ya cuentan con pisos) a pagar un impuesto previo para financiar dotaciones públicas en el mismo barrio donde se tiene previsto construir el inmueble.
La puesta en práctica de este gravamen se ha transformado en un verdadero laberinto jurídico donde los jueces deben dirimir la pugna que mantienen los promotores inmobiliarios y el Ayuntamiento. El Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado.
