El PP niega el derecho a la educación infantil a los hijos de irregulares

La sociedad española no entendería que, mientras no haya guarderías para todos los niños españoles, los hijos de extranjeros irregulares tengan acceso a las mismas. Ése ha sido, al menos, el argumento utilizado por los representantes del Gobierno en las reuniones mantenidas hasta ahora en torno a la reforma de la Ley de Extranjería, para negar a socialistas y nacionalistas catalanes su demanda de que se reconozca, sin excepción, el derecho a la educación infantil.

La discriminación entre inmigrantes regulares e irregulares, que el Gobierno quiere consagrar con la reforma de la Ley de Extranjería, comienza en la cuna. El proyecto del Ejecutivo reconoce a "todos los extranjeros menores de 18 años" el acceso a la enseñanza "básica, gratuita y obligatoria", pero reserva a los "extranjeros residentes" el derecho a la "educación no obligatoria en las mismas condiciones que los españoles". La enseñanza no obligatoria, de la que se excluye a los hijos de irregulares, comprende la educación infantil, de 0 a 6 años, y el bachillerato o la Formación Profesional, entre los 16 años y la mayoría de edad.En sus reuniones con PSOE y CiU, el delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, ha argumentado que la enseñanza infantil no es gratuita ni obligatoria para los españoles, por lo que no se puede privilegiar a los extranjeros, pero sus interlocutores replicaron que el párrafo de la ley que se refiere a los "extranjeros residentes", excluyendo a los hijos de irregulares, matiza que dicho derecho lo tendrán "en las mismas condiciones que los españoles"; es decir, sólo gratuita en la medida en que lo sea para éstos.

Los grupos socialista y catalán advierten, además, de que esta discriminación vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Los derechos de los extranjeros irregulares (especialmente los de asociación, manifestación, sindicación y huelga), el carácter discrecional del contingente anual de inmigrantes, la regularización de los aproximadamente 50.000 extranjeros excluidos del último proceso de documentación y el endurecimiento del capítulo de infracciones y sanciones (sobre todo en lo referido a la falta de una tutela judicial efectiva) son los temas más polémicos de la negociación con el PSOE. Respecto a CiU, uno de los puntos de debate es el papel de las comunidades autónomas en la concesión del permiso de trabajo.

Aunque aún no hay ningún acuerdo, como muestra de buena voluntad, el PSOE se abstendrá hoy en la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por PNV, IU y Grupo Mixto a la reforma del Gobierno, mientras que CiU y Coalición Canaria sumarán previsiblemente sus votos a los del PP para rechazarlas.

Por otra parte, el departamento de Fernández-Miranda esbozó ayer las líneas maestras del llamado Programa Global para la Regulación y Coordinación de Extranjería e Inmigración (Greco), que será debatido en la subcomisión del Congreso sobre este asunto para intentar alcanzar "el máximo acuerdo".

El programa, que prevé 23 acciones concretas y 72 "medidas de choque", no se refiere ya a la inmigración como un problema, sino como un "fenómeno positivo" para España. Sus líneas básicas apuestan por la integración y adaptación de los residentes extranjeros y sus familias y por la regulación de los flujos migratorios "para garantizar la convivencia". El documento ha sido elaborado con la participación de ocho ministerios y debe su nombre al pintor El Greco, "un inmigrante que triunfó aquí", en palabras de Fernández-Miranda.