El Gobierno indemniza a las víctimas del incendio del Corona de Aragón

El Gobierno está indemnizando a las víctimas del incendio del hotel Corona de Aragón, provocado en 1979, con cargo a la ley de ayudas a las víctimas del terrorismo. Las primeras solicitudes han sido contestadas favorablemente gracias a un dictamen del Consejo de Estado de marzo pasado, que sigue sin reconocer que el siniestro -en el que murieron 78 personas y 113 sufrieron heridas- fuera un atentado terrorista. Pero sí dice que hay datos suficientes para que el Ejecutivo tome la "decisión administrativa" de pagar a las víctimas para acabar con un desamparo de 21 años.

El dictamen del Consejo de Estado, de 30 de marzo, era la última esperanza de las víctimas del incendio del hotel, que se originó el 12 de julio de 1979 en las cocinas del establecimiento más emblemático de Zaragoza, repleto ese día de militares y familiares de éstos. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha sostenido desde su fundación que el incendio fue un acto terrorista, aunque lo sucedido nunca quedó demostrado ni aclarado totalmente.Los afectados se sumergieron en una batalla legal que ya cumple 21 años, pero no lograron ni el reconocimiento como víctimas del terrorismo ni indemnizaciones. El Tribunal Supremo llegó a dictaminar que el incendio fue "provocado por terceros", ya que durante la investigación se hallaron rastros en las cocinas de una sustancia extraña (napalm o pirogel). No obstante, exoneró de responsabilidad al hotel y a las aseguradoras, al entender que el incendio se originó por causas "extrañas y externas".

"Las víctimas quedaron desamparadas, porque nadie se hizo cargo de ellas por culpa de un absurdo jurídico. Luego hubo un dictamen del Consejo de Estado de 1990 que subrayaba que las enormes dudas sobre el carácter fortuito del incendio eran suficientes razones para indemnizar, pero no se consiguió nada", aseguró ayer Paulino Baena, portavoz de la AVT. La puesta en marcha de la ley 32/1999 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo llevó al Ministerio del Interior a solicitar un nuevo dictamen al Consejo de Estado.

El nuevo dictamen concluye que, a pesar de que durante el proceso penal se hallaron "indicios insuficientes" sobre el origen del siniestro, dichos datos son "adecuados para fundamentar una decisión administrativa" del Gobierno de indemnizar a las víctimas con cargo a la ley de solidaridad. Esto supone un reconocimiento implícito de que fue un acto terrorista.

Fuentes de Interior agregaron que el Consejo de Estado considera la norma 32/1999 "una ley asistencial" y que invoca al artículo 12.1 del texto, que dice que tendrán derecho a indemnización tanto las víctimas de atentados terroristas como las de actos que tengan "la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana", como ocurrió en el caso del Corona. Las primeras peticiones ya han sido aprobadas por Interior, que ha solicitado sus números de cuenta a los peticionarios. Las indemnizaciones por cada fallecido ascienden a 23 millones de pesetas.