Aznar asegura que no cambiará los acuerdos del transporte por presiones de "grupos radicales"

El Gobierno se presentó ayer ante el Pleno del Congreso con los acuerdos recién obtenidos con los sectores mayoritarios de transportistas, agricultores y pescadores, lo que sirvió al jefe del Ejecutivo, José María Aznar, para reprochar al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que se interesara por las movilizaciones de los distintos sectores y, además, que le "exigiera" la rebaja de los impuestos de los hidrocarburos. "Hay acuerdos con los transportistas y no los vamos a cambiar porque un grupo radical y exaltado quiera obtener ventajas a costa de los intereses generales del país", advirtió Aznar.

Retenidos

Pero el líder de la oposición socialista no entró en el contenido de los acuerdos con el Gobierno con los diferentes sectores, sino que pasó directamente a pedir la rebaja de los impuestos sobre los hidrocarburos. Primero, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, trazó un cuadro, en los dos minutos y medio reglamentarios en la sesión de preguntas al Gobierno, de carácter general. España está a la cabeza en el coste de la vida y en la subida del precio de los carburantes, dijo Zapatero. "Hace poco", señaló Zapatero, "los españoles hemos sabido que Repsol aumentó sus beneficios en el último semestre en 120.000 millones de pesetas, que Cepsa lo ha hecho en 30.000 y que el Estado va a recaudar 130.000 millones más por la subida de los carburantes". Esto no repercute en nada en muchos ciudadanos, especialmente en los transportistas, trabajadores autónomos, taxistas y agricultores, que sufren en sus bolsillos el precio de los carburantes, explicó.

"Esto no es moral y socialmente asumible, y en nombre de las reivindicaciones justas, de las de hoy y de las que vendrán mañana, le exijo y le reclamo que baje los impuestos de los hidrocarburos; rectifique hoy porque mañana será peor", pidió. Sus palabras "llegan tarde", contestó el presidente del Gobierno a Zapatero.

A continuación, Aznar exhibió los acuerdos obtenidos pocas horas antes. El presidente del Gobierno citó el acuerdo con las "organizaciones representativas" de los agriculturores, con las cofradías de pescadores y con los transportistas, con la advertencia de que no va a permitir que los "esfuerzos" gubernamentales en la negociación "ningún grupo radical y exaltado juegue y obtenga ventajas a costa de los intereses generales del país". El jefe del Ejecutivo situó implícitamente al líder de la oposición socialista junto a esos que antes había llamado radicales y exaltados. "Lamento que usted pueda aprovechar esa situación en beneficio propio porque sería una actitud poco responsable, y si la mantiene, se equivoca".

El PSOE, no obstante, va a mantener su demanda de rebaja de impuestos, así como la aplicación de una tasa especial sobre los beneficios extraordinarios de las petroleras, tal y como expondrá la próxima semana en la Cámara alta el senador socialista castellano-manchego Fernando López Carrasco.

En este mismo contexto, el Grupo Catalán -CiU-, a través del diputado por Tarragona Josep Maldonado, censuró al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, por la "desproporcionada y brutal carga policial" del pasado jueves en Tarragona ante la refinería de esa capital contra manifestantes que protestaban por la subida de los hidrocarburos.

Maldonado apeló a las imágenes captadas por los medios audiovisuales, en las que personas "ya retenidas y en el suelo continuaron recibiendo golpes" de las fuerzas de seguridad. El ministro Mayor Oreja señaló que la mejor forma de evitar cualquier fallo es aumentar la coordinación entre su departamento y la Consellería de Interior de la Generalitat de Catalunya, aunque se mostró globalmente satisfecho. El ministro no entró en el fondo de la cuestión, aunque sí se arriesgó algo más en la respuesta que dio a la diputada socialista gallega Carmen Marón. Esta parlamentaria tachó de "desproporcionada y arbitraria" la carga policial del pasado 23 de septiembre de las fuerzas de seguridad contra vecinos de la localidad coruñesa de Noia y su alcalde, Rafael García.

"La Guardia Civil no tuvo instrucciones especiales, sino las propias para hacer frente a acciones contrarias a la ley", dijo Mayor Oreja en relación a los cortes de carretera que efectuaron esos ciudadanos y su alcalde para protestar por la falta de seguridad vial de la zona. "Frente a un acto pacífico con niños y mujeres hubo una carga que demuestra la actitud de este Gobierno de brutalidad contra los débiles", insistió la diputada.