La dueña del geriátrico de Reus en el que murieron cinco ancianos admite que ataba a los residentes

"El 85% de los residentes eran enfermos terminales". "Se les ataba cuando era necesario para que no se autolesionaran". "Los aceptábamos por compasión". Estas fueron algunas de las declaraciones ante el juez de Glòria Pané, propietaria de la residencia geriátrica Catalunya Llar, de Reus, que se enfrenta a una petición fiscal de 67 años de prisión por cuatro homicidios, un delito de imprudencia temeraria y tres delitos de detención ilegal. Pané está siendo juzgada en la Audiencia de Tarragona junto a su marido, una empleada y el médico del centro por su presunta implicación en la muerte de cuatro ancianos residentes en su centro. El fiscal pide para los cuatro penas de 222 años de cárcel.

Interrogantes

Glòria Pané suspiró ayer aliviada cuando descendió del estrado del tribunal de la Audiencia de Tarragona en el que declaró durante más de dos horas. Su testimonio pretendió esbozar un panorama muy diferente del descrito por el fiscal sobre las actividades del centro que regentaba en 1995, año en el que se descubrieron los hechos. Según la dueña del geriátrico, la elevada tasa de mortandad que registraba su centro, y que esgrime la acusación pública, se justifica por el deteriorado estado de salud en el que ingresaban los ancianos; no existieron nunca malos tratos; el geriátrico superó varias inspecciones; todos los fármacos se suministraban bajo estricta prescripción médica, y, por aquel entonces, la legislación no requería en estos establecimientos personal titulado. "La ley ni siquiera exigía médico, y nosotros teníamos uno", aseguró Pané.

Un remanso de paz donde los familiares de los ancianos podían llevarlos a morir dignamente. Un lugar donde los juzgados, asistentes sociales y hospitales acordaban el ingreso de personas indigentes, sin familia y sin recursos que encontraban cobijo en el Catalunya Llar. Esto vino a declarar ayer Pané. Pese a todo, no pudo explicar por qué se colige, de las autopsias practicadas en 1997 por un equipo de forenses, que las muertes de cuatro residentes se debían a sobremedicación; por qué uno de los cadáveres presentaba restos de detergentes, y por qué el día del registro judicial las sábanas estaban sucias, los pañales tirados por el suelo y había jeringuillas desechables usadas en las habitaciones. Esta última acusación, según Pané, obedece a un montaje de las trabajadoras del centro como venganza por haberlas despedido: "Me dijeron que me acordaría de ellas toda la vida".Pané, que cambió su media melena rubia de hace cinco años por un sobrio tono moreno, se mostró ayer en todo momento dispuesta a responder a las preguntas de sus acusadores. En alguna ocasión estuvo hasta desafiante, como cuando justificó los malos olores advertidos por la comisión judicial que irrumpió en la residencia el 18 de enero de 1995 con esta afirmación: "Si usted entra en casa de alguien por la mañana, a las 8.20, algún olor tendrá que haber".

Pané se sienta en el banquillo junto a su marido, Josep Maria Mengual; el médico del centro, Pere Gomis, y la empleada Amèlia Castellnou, quienes tuvieron que escuchar ayer la larga lectura de acusaciones tales como que en tan sólo siete meses murieron en el centro 18 personas (de un máximo de 25 residentes fijado para el geriátrico); que se sometía a agresiones y vejaciones a los ancianos que daban más trabajo o cuando padecían incontinencia -uno de los cadáveres presentaba una vértebra rota, hecho que Pané no supo explicar ayer-; que se ataba a algunos de ellos por los pies, la cintura y las manos; que se limpiaban heridas con lejía y agua; que se les suministraba de forma continua sedantes para que no molestaran; que las jeringuillas eran utilizadas una y otra vez con diferentes internos; que evitaban en lo posible el traslado de los residentes a centros hospitalarios.

Una larga lista de acusaciones que la acusada intentó rechazar, sobre todo durante la interpelación de su abogado, Cristóbal Martell, en la que no evitó las lágrimas cuando recordó su detención y en la que insistió en que el propio Departamento de Bienestar Social enviaba ancianos a la residencia, de los que las asistentas sociales hacían seguimiento, "y hasta me felicitaban. Ningún abuelo mío salía de mi casa con llagas", dijo.

Xavier Tamarit, abogado de Josep Maria Mengual, buscó mayor impacto al formularle una sola cuestión: "¿Si los ancianos se morían, ustedes dejarían de cobrar, verdad?".