La Comisión, marginada

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es el organismo regulador de los mercados financieros y referencia imprescindible para accionistas, inversores y empresas que cotizan en Bolsa. En 12 años de funcionamiento, la CNMV ha ganado un amplio reconocimiento como garante de la transparencia de los mercados, aunque no siempre ha contado con los instrumentos legales necesarios. Por eso resulta inconcebible que a 24 horas de que finalice al mandato de su presidente, Juan Fernández Armesto, no se conozca el nombre de su sustituto ni el Gobierno haya dado señales de quién va a ocupar un cargo de tanta relevancia. Es muy probable que el Consejo de Ministros del viernes nombre al sustituto de Fernández Armesto y al vicepresidente de la institución, dos días después de que quede descabezado el órgano del que depende el buen funcionamiento del mercado de valores. Esta displicencia, muy próxima al desprecio a las instituciones, es una prueba más de la negligencia interesada que el Gobierno ha aplicado a la gestión de los organismos reguladores independientes.

En el caso específico de la CNMV, el Gobierno ya dio muestras suficientes de menosprecio hacia la institución con la política de nombramientos aplicada en la anterior legislatura, lo que se tradujo en un enfrentamiento abierto entre el presidente y el vicepresidente en el tramo final de su mandato y a propósito del expediente a Villalonga, que a punto estuvo de destruir la credibilidad del órgano regulador.

Aún está reciente el relevo en la presidencia del Tribunal de Defensa de la Competencia, en el que el Gobierno volvió a mostrar un absoluto desprecio por las formas al cambiar de un día para otro al candidato in péctore José Tomás Raga por el finalmente nombrado, Gonzalo Solana, sin que mediara explicación.

Tampoco ha tenido la deferencia de pactar con la oposición unos nombramientos tan importantes para la estabilidad económica española. Al contrario, está degradando poco a poco la fiabilidad social de los organismos reguladores, convirtiéndolos cada vez más en meros organismos autónomos dependientes de la Administración y nombrando a personas sin duda respetables pero cuya independencia política puede ser cuestionada. Un repaso a las dificultades políticas que ha tenido que sufrir la CNMV en los últimos cuatro años, a la ínfima aportación de las comisiones de la Energía o del Mercado de Telecomunicaciones y la subordinación del Tribunal de Defensa de la Competencia confirma que a este Gobierno no le gustan los reguladores independientes: prefiere instituciones subordinadas, dependientes y neutralizadas.