El municipio destapa 11 sentencias a favor del nuevo impuesto urbanístico

El impuesto municipal que grava la construcción de edificios, conocido como coeficiente K, se ha transformado en un laberinto jurídico. Las inmobiliarias han ganado siete sentencias que las eximen del pago. El Ayuntamiento replica que cuenta con otros 11 fallos a su favor. "Esto parece un partido de balonmano", reconoció ayer el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, del PP, que asegura que seguirá aplicando este impuesto, que llega a ascender, en algunos casos, a siete millones de pesetas.

Este impuesto, que incluyó el gobierno municipal del alcalde José María Álvarez del Manzano, del PP, en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 1997, fue criticado por los promotores y por la oposición (PSOE e IU). El denominado coeficiente K se aplica a todos los constructores que levantan edificios de nueva planta en zonas urbanas consolidadas, es decir, en áreas que ya cuentan con pisos. Cuando la inmobiliaria solicita el permiso para construir un inmueble, el Ayuntamiento le cobra un impuesto previo para financiar dotaciones públicas en el mismo barrio donde se tiene previsto construir el edificio.

Este impuesto es similar al que impulsó el PSOE en 1985 cuando dirigía el Ayuntamiento de Madrid, denominado reparcelación económica, y que, tras un recurso de la CEIM (Confederación Empresarial Independiente de Madrid) fue anulado por los tribunales en 1989. Álvarez del Manzano, que en 1985 se encontraba en la oposición, calificó este impuesto de "extorsión".

Del Río criticó ayer el impuesto del PSOE porque "no contaba con ninguna apoyatura legal" mientras que defendió el impulsado por el PP: "Este impuesto, el coeficiente K, cuenta con dos leyes que lo sustentan, la Ley del Suelo de 1990 y la Ley de la Comunidad de Madrid, de 1994". "Por eso", continuó del Río, "cuando Álvarez del Manzano se refirió al impuesto del PSOE como extorsión tenía razón, ya que era un impuesto que no estaba apoyado por la ley, cosa que no pasa ahora".

En contra de lo que opina el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, algunos jueces consideran que el coeficiente K no cuenta con todas las garantías legales: la juez en lo Contencioso-administrativo número 11 de Madrid, Ana Teresa Jiménez Valverde, tumbó el nuevo impuesto urbanístico (véase EL PAÍS de ayer). Los abogados que ganaron el caso alegaban que el tributo "beneficiaba a los dueños de los terrenos edificados en perjuicio de los propietarios de solares que se pretende edificar". La juez les dio la razón. El concejal reconoció que también existen otras seis sentencias en contra del Ayuntamiento, algunas firmes, sin recurso posible.

Del Río adelantó que el Ayuntamiento "devolverá el dinero abonado" en los casos que las sentencias sean consideradas firmes por el Tribunal Superior. Pero también replicó que seguirá aplicando este impuesto a las nuevas obras porque también cuenta con 11 sentencias a su favor.

"Esto se parece a un partido de balonmano: estamos 11 a 7, vamos ganando, por lo que no daremos marcha atrás con la medida", explicó. "Además, considero que es justo que los que hacen nuevas casas paguen un impuesto porque los vecinos que han vivido ahí ya lo han pagado", añadió.

El abogado Fernando Rodríguez Pérez dio a conocer ayer una de estas siete sentencias contrarias al municipio que condena al Ayuntamiento a devolver 2.860.622 pesetas a un particular que había solicitado liencia de obras para construir una vivienda unifamiliar.

Los promotores, contentos

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), calificó ayer de "positiva" la sentencia dictada por la juez Jiménez Valverde que exime del pago de este impuesto. "Esta sentencia y otras no hacen sino confirmar las tesis y argumentos que Asprima difundió hace más de un año a través de un informe jurídico. Ahí se advertía de la dudosa legalidad del coeficiente K. El Ayuntamiento debería devolver las sumas cobradas y los intereses a quienes hayan recurrido", afirmó José Manuel Galindo, presidente de Asprima.El concejal de IU, Gerardo del Val, afirmó que "desde siempre la izquierda estuvo en contra del coeficiente K, porque había dudas jurídicas". El edil añadió: "En vez de este impuesto pedimos que se grave a los dueños de las 200.000 viviendas desocupadas que hay en Madrid".

Matilde Fernández, portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, considera que "el Plan General no da amparo legal para implantar nuevos tributos". Fernández añadió que esta indefinición legal puede afectar a otras normas impuestas por el Ayuntamiento relativas a la vivienda.