El Consell autoriza la creación de fundaciones con capital privado para gestionar los servicios sociales

El Gobierno valenciano autorizará la creación de fundaciones con participación de capital privado para gestionar los servicios sociales de la Generalitat. La medida, anunciada ayer por el consejero de Economía, Vicente Rambla, sigue la estela de la ley estatal, pero tiene una peculiaridad. El instrumento de las fundaciones no se utilizará inicialmente en la prestación de servicios sanitarios, como ya ocurre en otros territorios autonómicos sino para la prestación de servicios sociales. La reforma legal se incluirá en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2001.

El cambio legislativo otorgará al Consell capacidad para constituir fundaciones, fundamentalmente en materia de servicios sociales. Rambla fue explícito al afirmar: "[La modificación legal] es en principio para servicios sociales y para permitir la entrada de capital privado. Sin embargo, a cada fundación habrá que darle la [correspondiente] habilitación". El consejero argumentó que este nuevo instrumento se creará con "mayoría de capital fundacional de la Generalitat". Vicente Rambla explicó que la creación de fundaciones para prestar servicios sociales -residencias de la tercera edad, menores, minusvalías, etc- está en la "línea de mejorar el bienestar y acercar estos servicios públicos a los ciudadanos". Según el consejero de Economía, con la modificación legal, las fundaciones quedarán sometidas a un mayor control contable y de gestión, tal y como sucede con los organismos autónomos y las empresas públicas.La decisión del Consell de introducir los cambios legales necesarios para permitir que las fundaciones gestionen servicios sociales responde a una demanda del consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, que busca nuevas fuentes de financiación para sufragar las líneas de política social de la Administración. El propio presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, realizó un llamamiento la semana pasada en el debate de política general para que la "iniciativa social" se implique y contribuya de manera directa a sufragar los costes de los servicios sociales.

En este contexto se enmarca el reciente acuerdo entre la Consejería de Bienestar Social y Bancaixa para crear la Fundación Valenciana de la Solidaridad y el Voluntariado. Una iniciativa que Rafael Blasco pretende ampliar a otras entidades públicas y empresas privadas. Precisamente, Blasco señaló ayer en una comparecencia en las Cortes que el Cosnell se encuentra analizando el desarrollo de las nuevas fórmulas de gestión en asuntos sociales y que su puesta en marcha permitirá "resolver situaciones aberrantes" que propician, entre otros aspectos, un decreto de 1990 elaborado bajo Administración socialista.

Remodelar el Convaser

Una de las primeras medidas destinadas a construir el nuevo entramado, será la inclusión en la ley de acompañamiento de los presupuestos de una autorización para que el Consell cree en tres meses una entidad de derecho público -presumiblemente una fundación, aunque también podría ser un nuevo organismo autónomo- en la que se adscriban el personal y los servicios del Consorcio Valenciano de Servicios Sociales (Convaser). Este consorcio, participado únicamente por entidades públicas como ayuntamientos y diputaciones, se encarga de gestionar servicios básicos como las residencias de la tercera edad.La innovación del Consell reside en que la fórmula de las fundaciones, ya aplicada en algunas comunidades autónomas, se ha introducido a nivel estatal para primar la competitividad entre centros hospitalarios y mejorar la gestión de los mismos. En ese caso, la fórmula de las fundaciones permite a los hospitales una mayor autonomía y agilidad de gestión, que alcanza a decisiones importantes como la selección de proveedores o la compra y venta de patrimonio adquirido tras la transformación en entidad autónoma.

El consejero de Economía, Vicente Rambla, descartó ayer que la fórmula de las fundaciones se aplique, por ahora, en la prestación de los servicios sanitarios y circunscribió el uso de esta nueva herramienta jurídica a las políticas sociales. El Consell del popular Eduardo Zaplana ya ensayó en la anterior legislatura iniciativas como el bono de ayuda para residencias de la tercera edad.

Una medida destinada a incentivar al sector privado dada la falta de plazas en las residencias para mayores de titularidad pública. El programa, aunque benefició al sector privado, no obtuvo los resultados esperados de incentivar la oferta y reducir la demanda sobre este tipo de servicios para personas mayores.