Gasto farmacéutico: ¿podemos seguir mirando a otro lado?

El uso de medicamentos ocupa un lugar principal en el tratamiento y control de las enfermedades y en la reducción del sufrimiento humano. Pero, además, la existencia de medicamentos seguros y eficaces hace más eficiente el gasto socio-sanitario al reducir bajas laborales, ingresos hospitalarios, intervenciones quirúrgicas y pérdidas de vidas humanas. El acceso universal a medicamentos esenciales para la vida sigue siendo un derecho fundamental.Sin embargo, el carácter de bien social de estos medicamentos no debe hacernos olvidar el latente conflicto de intereses existente entre la mejor salud de la población y los objetivos financieros que soportan las industrias del sector. Se trata de una dialéctica donde la actuación decidida de la Administración sanitaria, los colectivos profesionales y los usuarios deben garantizar el necesario equilibrio.

En España, el gasto en farmacia viene creciendo a ritmos cercanos al 10% anual con lo que la factura en medicamentos da cuenta ya de una cuarta parte del presupuesto sanitario español. En relación con la media europea, gastamos mucho en medicamentos pero poco en Sanidad. Y esta situación se ha convertido en un problema estructural imposible de ser resuelto a base de parches.

Hoy se puede asegurar la importancia y magnitud de los efectos negativos de este problema sobre la sociedad, con consecuencias directas sobre el bolsillo del usuario. El crecimiento porcentual del gasto en farmacia respecto del gasto sanitario total grava doblemente al usuario, que contribuye al mismo a través de impuestos y mediante su aportación puntual -¡y creciente!- en el pago de unos medicamentos cada vez más caros a través del copago, una especie de impuesto especial al consumo que afecta a todos los trabajadores.

¿Qué puede explicar el continuado crecimiento del gasto farmacéutico por encima del IPC a pesar de las sucesivas medidas del Gobierno? A mi entender, hay tres aspectos que inciden sobre el gasto farmacéutico sin ser objeto del interés prioritario ni de medidas claras y decididas por parte de la administración sanitaria.

- 1. El alto precio de los nuevos fármacos (que siguen sujetos a intervención pública, no lo olvidemos) junto a la rapidez con que sustituyen a los antiguos, más baratos y mejor conocidos, en las recetas de los médicos del sistema sanitario. Un ejemplo es la evolución del uso de medicamentos del sector psiquiátrico desde 1993 hasta la actualidad, calculando el número de envases vendidos y su importe: mientras el crecimiento total de envases entre 1993 y 1998 ha sido de un 46,4%, el aumento del gasto en millones de pesetas en esos mismos años ha subido un 224,7 %, es decir, casi cinco veces más.

El Ministerio de Sanidad es el responsable de garantizar, mientras se mantenga el actual régimen de precios autorizados, la mayor transparencia posible en su configuración, de forma que reflejen los costes derivados de la inversión realizada en investigación y los gastos en promoción; pero ¿conoce realmente estas cifras?

- 2. También está la calidad de la prescripción del médico, con dos importantes riesgos: inflar el uso de medicamentos ampliando los campos de utilización de los mismos más allá de las indicaciones aprobadas y usar medicamentos de forma incorrecta y/o innecesaria en base a una insuficiente (cuando no sesgada) formación clínico-farmacológica.

Este uso inapropiado de medicamentos está influida, en primer lugar, por la falta de una tarea de información constante, correcta y actualizada por parte de la administración sanitaria (con la excepción de Andalucía, que ofrece buenos resultados a través de la actuación de los farmacéuticos de distrito), a pesar de lo fácil que resultaría en la actualidad utilizar los medios electrónicos a través de una red de Intranet sanitaria con un buen equipo experto central -tipo Colaboración Cochrane - con garantías de independencia y capacidad. ¿Es consciente la administración sanitaria de los efectos sobre la calidad y racionalidad de la prescripción médica que se derivan de su abandono tácito de la formación continuada de los profesionales del Sistema Nacional de Salud en favor de la industria farmacéutica que la promueve y financia casi íntegramente en la actualidad?

La prescripción incorrecta está influida también por la propia actuación de los laboratorios, que le bombardean con una mezcla de márketing e información de difícil separación. Y por el desinterés y, a veces, la propia dificultad del profesional para conseguir una buena información, independiente, correcta y actualizada, por no serle ni rentable ni sencilla de obtener, ni, por supuesto, gratuita.

- 3. Por último, el incremento del gasto farmacéutico se explica por el mayor consumo de servicios de salud derivado del envejecimiento y mayor esperanza de vida de la población.

La administración sanitaria, a falta de actuaciones de carácter estratégico, salvo las iniciadas recientemente con la aprobación de medicamentos genéricos y el establecimiento de precios de referencia, sigue aplicando medidas coyunturales para contener el crecimiento del gasto farmacéutico con parcos resultados: en 1999 la factura farmacéutica ha superado, por primera vez, la barrera psicológica del billón de pesetas. El problema sigue siendo, a mi juicio, un enfoque sólo preocupado por el corto plazo y la reducción puntual de la factura farmacéutica, a través de la disminución de los precios, márgenes comerciales y beneficios de los laboratorios farmacéuticos, del sector de la distribución y de las oficinas de farmacia o de la retirada de grupos de fármacos de la financiación pública. Las actuaciones dirigidas a la incentivación de los médicos o la pretendida liberalización de las oficinas de farmacia se han quedado en pura retórica; cada cierto tiempo, por último, llegan rumores de que se va a ampliar la participación del usuario en el pago de los medicamentos: los argumentos aportados en el caso de los pensionistas, sólo se justifican desde el desconocimiento del actual sistema de financiación de la sanidad o la mala fe.

Otras medidas podrían ser exploradas por la administración sanitaria buscando efectos más positivos y duraderos en favor de una mejor prescripción y un uso más racional de los medicamentos. Por ejemplo, indicar en la prescripción el número exacto de unidades necesarias para la patología a tratar, de forma que se utilice más cumplidamente la medicación dispensada. En segundo lugar, implicarse de forma mucho más activa en el ámbito de la investigación (y la formación continuada) del sector. La sanidad pública apenas invierte en investigación clínica (menos del 1% de los 5.000 millones del Fondo de Investigación Sanitaria, unos 50 millones). Los ensayos clínicos con fondos públicos apenas existen. Las multinacionales farmacéuticas, sin embargo, inyectan en este sector cerca de 20.000 millones anuales en España para investigación, con la servidumbre propia de unos contratos que sólo garantizan la publicación de aquellos trabajos que hayan obtenido resultados favorables...

En tercer lugar, habría que limitar la promoción comercial de los medicamentos con repercusión sobre su precio de venta. Dicha medida, sin embargo, al afectar indirectamente a los ingresos reales de bastantes profesionales del sistema sanitario, dejaría a la vista la poca consideración salarial que la sanidad pública tiene hacia sus médicos y, en buena lógica, relanzaría viejas reivindicaciones latentes. Finalmente, aplicar de forma consensuada un programa a medio plazo, en la línea del que viene llevándose a cabo en Andalucía desde 1994, con un conjunto de medidas que potencien el uso racional del medicamento y que impliquen cambios tanto en la actitud del médico prescriptor como en la cultura sanitaria de los pacientes.

Antonio Espino es jefe de los Servicios de Salud Mental de Majadahonda. Madrid.