Endesa e Iberdrola

El anuncio de que las dos principales compañías eléctricas españolas, Endesa e Iberdrola, preparan aceleradamente su fusión pondrá a prueba la doctrina Rato sobre defensa de la competencia en el sector energético. Tal doctrina, elaborada con motivo de la frustrada OPA de Unión Fenosa sobre Hidrocantábrico y los decretos de liberalización de junio, establece que el número mínimo de operadores en el mercado eléctrico debe ser de cuatro -los actuales son Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico- y que la planta de generación en las compañías dominantes en el mercado no puede exceder de la actual en los próximos cinco años (Endesa) y tres años (Iberdrola). Si la fusión entre ambas eléctricas se llevase a cabo, en un plazo relativamente razonable los ciudadanos podrán comprobar, con su propia experiencia, si estas barreras son eficaces para mejorar la competencia en el mercado eléctrico o, por el contrario, ésta continúa siendo -como ahora- muy parca. No obstante, algo se mueve con velocidad en el sector eléctrico español, como demuestran el intento de fusión entre Endesa e Iberdrola y la reciente OPA de Villar Mir sobre Hidrocantábrico.Una operación de la envergadura de la fusión se justifica si cumple dos condiciones: si aumenta la competencia en el mercado eléctrico interior y si, además, utiliza el mayor tamaño de la empresa resultante para desarrollar un plan de inversión y de captación de mercados exteriores. Con la lección del fiasco Fenosa-Hidrocantábrico bien aprendida, los directivos de Endesa -que llevan la voz cantante- han adelantado que compensarán sobradamente el operador que se pierde en la fusión, con la emergencia de tres nuevos que ampliarían suficientemente la competencia. El diseño que han pergeñado para sortear las exigencias del Gobierno consiste en vender activos de generación y distribución suficientes para que puedan operar en el mercado español las empresas que compren dichos activos.

La solución tiene ingenio, pero en una operación de este calibre lo importante son los matices. Los activos que vendan Endesa-Iberdrola no pueden ser solamente de generación térmica, que son los que fabrican kilovatios más caros, sino que deben incluir una mezcla aceptable de generación térmica e hidráulica que permita al nuevo operador vender de forma competitiva en el mercado. Tampoco sería aconsejable que Endesa-Iberdrola fabriquen por entero su propia competencia vendiendo todos los activos a empresas con las que tienen buenas relaciones u otro tipo de asociación; la fórmula más adecuada sería una subasta pública de activos, sistema que permitiría la neutralidad de los nuevos operadores y la garantía de que en el mercado español actúen las empresas más competitivas. Además, el Gobierno deberá aclarar dos cuestiones controvertidas: la extensión de la golden share o derecho de veto del Ejecutivo sobre decisiones estratégicas de las empresas, que gravita sobre Endesa, y la pertinencia de que unas compañías que van a vender en el mercado voluminosos paquetes de activos de producción y generación con notables diferencias entre el valor en libros y el valor de mercado, sigan arrogándose el derecho a percibir los polémicos Costes de Transición a la Competencia (CTC).

Si se cumplen las condiciones anteriores, la fusión puede ser beneficiosa para el mercado español. También para el europeo, si el nuevo holding lleva a la práctica sus propósitos de invertir en participaciones en otras empresas europeas e intercambiar mercados. Habrá que ver el desarrollo de esta enorme concentración y las consecuencias que tendrá en la recomposición de los grupos económicos que forman su núcleo duro.

El Gobierno, que finalmente es la única autoridad de competencia autónoma en la economía española, debe garantizar que se cumplen las condiciones que él mismo elaboró. Si autoriza la operación -que es la opción más probable- o la deniega, ha de explicar las razones de su decisión con luz y taquígrafos. Para crear jurisprudencia sobre la competencia -aspecto en el que tan ayuna está la economía española- y para que los ciudadanos puedan comprobar de primera mano la racionalidad de tales decisiones.