El gravamen se extiende a la radio y la televisión
Los que más pagan
Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, las tres operadoras de móviles operativas (Telefónica, Airtel y Amena) pagan ahora 7.950 millones de pesetas (incluye el servicio analógico MoviLine de telefónica, que no verá incrementada su gravamen) y pagarán 140.000 anuales a partir del año próximo. ¡17 veces más! Las emisoras de radio pagan ahora, según potencia y altura de las antenas, cerca de 150 millones y se incrementará hasta 500 millones; en tanto que las cadenas de televisión pagan 500 millones y tendrán que abonar 1.790 millones. Las operadoras de telefonía local inalámbrica empiezan a operar en febrero próximo y la tasa prevista rondaba los 50 millones por operador, con la revalorización del Gobierno serán casi 1.000 millones por operador. ¡20 veces más!El Gobierno ha justificado el fuerte incremento en la tasa por la reserva de espectro radioeléctrico en la necesidad de ajustar el precio que ahora pagan las operadoras de telefonía y otros usuarios del espacio (desde servicios de emergencia a las confederaciones hidrológicas) a las nuevas condiciones del mercado. Es decir, a lo que se paga por la subasta espectro en Reino Unido o Alemania.
Las tasas que se pueden cobrar al sector están contempladas en la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) y en su reglamento posterior. En ella se establecen cuatro tipos de tasas: por autorizaciones y licencias individuales (anual), por el uso de la numeración (anual), por la reserva de dominio público radioeléctrico (anual) y las tasas de telecomunicaciones (entre 1.500 y 50.000 pesetas según el servicio, una única vez).
El Gobierno ha previsto una modificación de la LGT en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que debe ser discutida en el Parlamento y aprobada antes de fin de año. Posteriormente fijará en una orden ministerial la cuantía de la tasa más polémica (ha adelantado que será de 160.000 millones para todo el sector) y sus condiciones particulares. La tasa revalorizada se aplicará a partir del 1 de enero de 2001.
La tasa grava a todos los agentes del mercado que usan el espacio radioeléctrico. No sólo a los titulares de licencias B2 (operadores de telefonía móvil GSM y de tercera generación UMTS), sino también a los radiodifusores o titulares de adjudicaciones para la prestación de servicios de radio comercial (analógica y digital terrestre), los difusores de televisión (terrestre y vía satélite) y los ocho titulares de licencias C2 para la transmisión y transporte de servicios de telefonía local vía radio. Los servicios de radio y televisión no están incluidos en la LGT, pero sí lo están las infraestructuras de red que se utilicen como soporte de la señal y en ello se basa el Gobierno para gravar también sus actividades.
