La tasa de la polémica

Expectativas inciertas

El ambiente es más sobrio ahora en las sedes de Telefónica Móviles, Airtel y Amena. Expertos fiscales y abogados han tomado los mandos frente a los creativos de publicidad, marketing y estrategia de comunicación. En otras compañías de telecomunicaciones que ni siquiera están todavía operativas -Xfera, el futuro operador de telefonía móvil multimedia es el más claro ejemplo- la sensación de incertidumbre e inseguridad se ha apoderado de todos. "¿Cómo vamos a pensar en nuevas ofertas si el Gobierno ha puesto en entredicho nuestros planes, la rentabilidad de todas nuestras acciones y las inversiones futuras?", reconoce el portavoz de una operadora.Las compañías del sector se han visto sorprendidas por el fuerte incremento de la tasa que pagan por el uso de uno de los escasos bienes que le quedan al Estado: el espacio radioeléctrico. Por disponer del espectro durante los próximos 20 años, el Gobierno va a cobrar 140.000 millones de pesetas anuales a los operadores de móviles (a repartir entre Telefónica, Airtel, Amena y Xfera) y otros 20.000 millones al resto de usuarios, gravando especialmente, a las compañías de telefonía local por radio, cadenas de televisión y emisoras de radio comercial.

Ausencia de diálogo

El Gabinete Aznar trata de ponerse así a la altura de otros Gobiernos europeos, que han encontrado en la cesión del espectro radioeléctrico un filón con el que llenar las arcas públicas. Mientras que en España se pagaron por cuatro licencias de telefonía móvil multimedia (UMTS) 87.000 millones de pesetas (21.500 millones en concepto de aportación financiera al Tesoro por operador y otros 250 millones para la limpieza de espectro), el Reino Unido obtuvo mediante subasta casi 6,3 billones por cinco adjudicaciones, y Alemania, 8,4 billones por seis concesiones.

Con el incremento de la tasa "por la reserva de espacio radioeléctrico" a 160.000 millones, el Gobierno español recaudará en los próximos 20 años -periodo de las concesiones de telefonía móvil- 3,2 billones de pesetas, cantidad próxima a la que podría haberse obtenido si el Ejecutivo hubiera elegido el proceso de subasta y no el de concurso técnico.

"Se apaga el fuego con gasolina", advierte el asesor jurídico de una de las operadoras afectadas, "porque incrementar la tasa antes de que inicie la prestación del servicio [el UMTS no arrancará hasta agosto de 2001] no deja de estar basado en parámetros actualmente inciertos sobre el valor de mercado del espectro que se va a utilizar y la rentabilidad que pueden obtener las operadoras".En ese sentido, la consultora Andersen Consulting señala que "la incertidumbre que existe ante la implantación del UMTS, que, como mínimo, parece que se retrasará al año 2002, así como una excesiva presión del mercado por la implantación de servicios análogos a los que podrían ofertar con UMTS, podría provocar un escenario arriesgado para la viabilidad del cuarto operador".

Para las operadoras de móviles, el incremento de la tasa, aunque se extienda a otros operadores y compañías del sector, es causus belli. Reconocen, como no podía ser de otro modo, la diferencia de ingresos para el Estado por la concesión de las licencias UMTS (una tecnología que permite acceder a Internet a través del teléfono celular, ntre otras aplicaciones) mediante concurso y no por subasta.Subrayan, sin embargo, que, contrariamente a lo ocurrido en Alemania y Reino Unido, los adjudicatarios han contraído compromisos de inversión por 3,5 billones de pesetas garantizándolas mediante avales, que el Gobierno puede ejecutar si no se cumplen las promesas, de 1,4 billones de pesetas.

Y recuerdan que, además de los tributos aplicables a cualquier sociedad anónima y de la aportación al Tesoro ya realizada, tendrán que pagar una tasa por la titularidad de la licencia para operar (el 1,5 por 1000 de los ingresos brutos de explotación al año), otra por la disponibilidad de números para distribuir entre sus clientes, una tasa por la titularidad de la licencia (hasta 50.000 pesetas una sola vez) y la revalorizada tasa de reserva del espectro.

Las tasas y la aportación estaban contempladas en las bases del concurso de adjudicación de las licencias UMTS, pero los asesores legales de las operadoras consideran que con el incremento del gravamen "cabría argumentar que se vería afectado el régimen económico-financiero aplicable al concurso" y, por tanto, sería posible impugnar las decisiones del Ejecutivo.

Por el momento, el Gobierno sólo ha anunciado la revisión de la tasa y su extensión al conjunto de operadores, incluidas las radio y televisiones públicas, hasta ahora exentas. Las operadoras esperarán a conocer la redacción definitiva de la orden ministerial que fijará su cuantía, si definitivamente es una cantidad fija anual, si se va a repartir a partes iguales entre los diferentes operadores de cada segmento o en función de la cantidad de espacio utilizada para transmitir las señales y otros matices antes de iniciar los trámites legales oportunos para su impugnación. El asunto de la tasa puede acabar en la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y llegar al Tribunal Constitucional si las operadoras consideran conculcados sus derechos, según un abogado.

Su base argumental, discutida aunque no consensuada entre las operadoras de móvil, es que si se modifica el escenario contemplado en el concurso, las operadoras se verán obligadas a modificar sus compromisos o a reclamar compensaciones al Gobierno.

El panorama para el Ejecutivo, que ha introducido la modificación de la polémica tasa en la Ley de Acompañaiento de los Presupuestos, se complica considerando que el concurso UMTS está ya impugnado en la Audiencia Nacional por uno de los contendientes (Uni2) y que todo el proceso de adjudicación se vio empañado por las acusaciones cruzadas entre los candidatos sobre falta de transparencia e incompatibilidades.

Sumarse a esa impugnación no parece, en principio, la mejor alternativa para los abogados de las compañías adjudicatarias del UMTS, porque "la anulación del concurso no supondría por sí misma el reconocimiento de derechos de indemnización a favor de los operadores que en su día resultaron adjudicatarios", explica un informe legal. Sin embargo, la alternativa no puede descartarse aún. Como tampoco la solicitud de indemnizaciones por la concesión de nuevas licencias -se anuncian hasta dos o tres nuevos operadores de móviles con distintas tecnologías desde los ministerios de Economía y Ciencia y Tecnología- si éstas se otorgan antes de que Xfera y el resto de operadoras (Airtel, Amena y Telefónica) empiezan a dar servicios de UMTS. Otro aspecto polémico de la tasa es que la recaudación será administrada por Hacienda, mientras hasta ahora los ingresos se destinaban a la innovación tecnológica.

Entre tanto, las operadoras se centran en los aspectos fiscales. En Alemania, las operadoras ganadoras de licencias están exentas de tasa y el importe abonado en la subasta se considera un anticipo del impuesto de sociedades. En España, la tasa por uso de espectro se deduce como gasto del impuesto de sociedades, aunque los fiscalistas de las operadoras están barajando nuevas propuestas sobre el tratamiento fiscal.

Para empezar, pese a la polémica ya desatada, las operadoras demandan un diálogo con la Administración para poder analizar los efectos del incremento de la tasa y de la posible introducción de más competencia en el sector. "A las puertas de la llegada de la tercera generación de móviles, es necesario garantizar el equilibrio existente en el mercado, de manera que los operadores existentes mantengan su interés por invertir", afirma un informe de la Asociación nacional de Industrias Electrónicas y de Telecomunicaciones.A ese hipotético diálogo se ofrecen los operadores de telefonía local por radio, a las que se gravará con 10.000 millones al año sin que aún esté definido el reparto, y a las que el Gobierno quiere dejar al margen de la liberalización de la red local de Telefónica.