Un juez obliga al Insalud a pagar una operación de cambio de sexo

Trastorno de identidad

El Instituto Nacional de la Salud (Insalud) deberá hacerse cargo de una operación de cambio de sexo, cuyo coste deberá ser financiado por la Seguridad Social, según una sentencia dictada por un juzgado de Oviedo. En la resolución se reconoce que la normativa vigente en España "excluye de las prestaciones financiables con cargo a la Seguridad Social la cirugía de cambio de sexo", pero el magistrado recuerda que la norma deja "a salvo los supuestos en que se trate de reparar estados intersexuales patológicos".En virtud de esta salvedad, el fallo obliga al Insalud a asumir el coste de la intervención para permitir el cambio de sexo a un transexual gijonés de 38 años, al que la Dirección Provincial de Asistencia Sanitaria del Insalud denegó la solicitud el pasado verano. La asunción por el Insalud de las intervenciones de cambio de sexo es una de las reclamaciones prioritarias del colectivo transexual. Desde hace varios años, el Servicio Andaluz de Salud ya costea este tipo de prestaciones.

La sentencia del juzgado de Oviedo, del pasado día 27, obliga al Insalud a intervenir quirúrgicarmente a José Antonio García González, un transexual que se hace llamar Natalia, para "la reconstrucción femenina de sus órganos genitales externos y practicarle una vaginoplastia financiable por la Seguridad Social, fijando día y hora para la intervención en el más breve plazo posible y en un centro hospitalario del Instituto Nacional de la Seguridad Social".

El magistrado Tomás Maíllo Fernández considera probado que el demandante, afiliado a la Seguridad Social, "presenta desde la infancia trastorno de identidad sexual con atracción por los varones", lo que "condiciona el travestismo, que le ha llevado a la utilización de hormonas sexuales femeninas, con trastornos relacionados con el consumo de alcohol y efectos hepáticos secundarios, trastorno de ansiedad de carácter crónico, crisis de angustia de carácter recidivante en relación con problemática social y agresiones físicas y psíquicas con intentos de autolisis y crisis clónicas generalizadas".La sentencia añade que, "desde el punto de vista andrológico", el reclamante "presenta pene de pequeño tamaño (1,5 centímetros), con testes atróficos de consistencia blanda, próstata al tacto rectal de pequeño tamaño y ausencia de erección y eyaculación".

En virtud de estos hechos y de la constatación de que ese cuadro psíquico-físico determina en el caso del transexual demandante "un importante problema socio-personal y familiar de inadaptación a su situación actual", el fallo juzga que la reclamación de Natalia (legalmente José Antonio García González) "no pretende una mejora estética o cosmética, y ni siquiera un afianzamiento de su personalidad femenina, lo que no es financiable por la Seguridad Social, sino reparar su salud, que se ha visto quebrada por una malformación genética y morfológica susceptible de reparación con una intervención quirúrgica".