Martínez tiene en su mesa el despido del empleado de la 'trama china'

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP), tiene ya sobre su mesa el expediente instruido para determinar la implicación y responsabilidad del trabajador laboral del Ayuntamiento de Cádiz José Antonio Gómez Castro en la denominada trama china. Gómez llegó a admitir ante la policía que falsificó varios certificados de inmigrantes chinos para permitir que éstos se quedaran legalmente en España, y que modificó la fecha de residencia en la ciudad en una treintena de casos, según la policía.El expediente ha sido instruido por el concejal popular Ignacio Romaní, quien ha propuesto su despido tras haber hallado 24 faltas muy graves en el comportamiento del empleado municipal, adscrito al departamento de Estadística. Entre las faltas imputables a Gómez, Romaní detalla la "intencionalidad, la perturbación del servicio, la reincidencia, publicidad y repercusión del hecho ante el público" con un comportamiento basado en la "deslealtad" y el "abuso de confianza".

La resolución del expediente considera probado que el empleado, destinado en la ventanilla del padrón, consignaba en los certificados que expedía a los chinos una fecha distinta a la que figura en el padrón, siempre a favor del inmigrante respecto al límite establecido por la ley de Extranjería para acogerse a la regularización. De igual forma, considera demostrado que Gómez borraba del fichero del ordenador el número de orden de los certificados para "aparentar" que nunca habían sido emitidos. También se le acusa de "haber falsificado las firmas del funcionario que certifica" la fecha de empadronamiento.

La decisión final sobre su expulsión corresponde a la alcaldesa, quien, según la ley de Régimen Local, tiene esa competencia exclusiva, aunque antes recaía sobre el pleno municipal. Los sindicatos con representación municipal e IU han pedido que no se expulse al trabajador. Recuerdan que el instructor es un concejal del PP, de cuya imparcialidad dudan. Piden que se le aplique alguna medida disciplinaria pero no el despido porque "en la democracia no se había producido para un trabajador laboral una petición tan contundente".