Las asociaciones vecinales de Barcelona no aceptan el fin de la guerra del agua
El pacto que ha puesto fin a la guerra del agua ha levantado un gran revuelo entre las asociaciones de vecinos, que no entienden las prisas de la Administración por dar por hecho un acuerdo cuando todavía falta por resolver un punto crucial: cómo se efectuará la devolución de la deuda acumulada durante nueve años de campaña de impago de los impuestos y las tasas que gravan el recibo del agua y que no tienen que ver con el ciclo hidráulico. Tanto es así que la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) no considerará cerrado el acuerdo, entre otras cuestiones, mientras no se resuelva la forma en que los usuarios que se sumaron a la protesta deben devolver las cantidades impagadas.
Después de un conflicto que las partes juzgan demasiado largo y en el que han participado más de 70.000 familias del área metropolitana de Barcelona, se ha querido zanjar el asunto sin aclarar del todo las condiciones en que se abonarán los recibos atrasados. La centralita de la FAVB no paró ayer de recibir llamadas de usuarios que deseaban información sobre el acuerdo al que llegaron el Departamento de Medio Ambiente y la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña (Confavc)La federación quiso apaciguar los ánimos de sus asociados con un comunicado que lleva el explícito título de La guerra del agua no ha acabado y en el que exige a la Generalitat que aplique reducciones a todas las familias que han participado en la campaña, lo que cifran en 1.666 millones de pesetas, cantidad que representa el 46% de la deuda. Además reclaman el decreto de ayudas que, a través del Departamento de Bienestar Social, concederá subvenciones a las familias con bajos ingresos.
La federación advierte de que mientras no se cumplan estos requisitos no se devolverá ni un duro de la deuda. Así las cosas, todo hace suponer que el pacto del agua le puede salir muy caro al Gobierno catalán y que tendrá serias dificultades para recuperar los 3.800 o 4.000 millones que dejó de ingresar en concepto de tasas que figuraban en el recibo del agua y que los usuarios que secundaron la protesta no han pagado en todo este tiempo. Desde hace nueve años, estos usuarios sólo admitían pagar el importe del consumo de agua más el correspondiente IVA. Muchos de ellos ingresaron en cuentas de las asociaciones de vecinos el importe de sus recibos una vez descontadas las tasas que no tenían que ver con el ciclo hidráulico.
El consejero de Medio Ambiente, Felip Puig, admitía anteayer que la Generalitat espera recuperar entre el 55% y el 60% de la deuda contraída. Este porcentaje, en opinión de las asociaciones, no recoge las aspiraciones expresadas en la última asamblea vecinal en el sentido de que sólo aceptarán ponerse al corriente si se aplican descuentos igualitarios para todo el mundo, independientemente de las rentas familiares de los morosos. Los usuarios con bajos ingresos se beneficiarán, además, de un decreto de ayudas anunciado el jueves por Puig. Otro grupo de usuarios no tendrá que pagar nada porque su deuda ha prescrito al haber pasado cuatro años sin que mediara reclamación alguna.
