La ley que permitirá a los municipios convocar referendos pasa el debate de totalidad sin enmiendas en contra

El proyecto de ley de Regulación de las Consultas Populares de Andalucía, que permite a los ayuntamientos convocar referendos sobre materias de su competencia, pasó ayer el primer trámite parlamentario en pleno sin que ningún grupo presentase enmiendas a la totalidad. El texto ya fue debatido en la anterior legislatura, aunque decayó al convocarse elecciones autonómicas.La ley presentada por el Gobierno andaluz contempla dos fórmulas para poder solicitar la convocatoria de consultas entre los vecinos de una localidad: bien mediante acuerdo por mayoría absoluta del pleno del ayuntamiento o por recogida de un determinado número de firmas establecido en función del número de habitantes. En cualquier caso, la autorización final para que se pueda celebrar la consulta recae sobre el Gobierno central y la tramitación de la propuesta se hará a través de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Los resultados de la consulta no son vinculantes.

El consejero de Gobernación, el socialista Alfonso Perales, destacó el carácter pionero del proyecto, que convertirá a Andalucía en la segunda comunidad española, tras Cataluña, en legislar esta materia contemplada desde hace 19 años en el Estatuto de Autonomía.

Todos los grupos se felicitaron por el proyecto, por cuanto ahonda en una mayor participación ciudadana, pero fueron unánimes en cuanto a las carencias y lagunas del texto legal. Tanto el andalucista José Calvo como el popular Eugenio Gonzálvez subrayaron la complejidad de todo el trámite administrativo para que los ayuntamientos puedan pedir a los vecinos su opinión sobre temas que le afectan y que puede llegar a consumir hasta seis meses hasta agotar todos los plazos de autorización, acuerdos, decretos y reclamaciones.

Gonzálvez también se quejó de las limitaciones sobre los temas que se pueden someter a referéndum. El proyecto de ley dice que serán objeto de consulta "aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos", lo que a juicio del portavoz popular entorpece la participación ciudadana en algunos casos. Gonzálvez puso el ejemplo de Tarifa, cuyo ayuntamiento no podría proponer una consulta sobre la ampliación del parque eólico, al ser éste una competencia de la Junta. Andalucistas y populares también opinaron que la Administración autonómica debe contribuir a los costes de una consulta popular ya que el texto dictamina que éstos correrán a cargo de los ayuntamientos.

El portavoz de IU, Antonio Romero, apostó por ampliar el ámbito de la consulta cuando los temas a abordar afecten a varios ayuntamientos y también pidió una disminución del número de firmas ciudadanas exigidas. La socialista Pilar Gómez Casero destacó en este sentido que el proyecto andaluz es en comparación con otros el menos exigente, ya que, por ejemplo, localidades como Dos Hermanas requerirán 5.750 avales, cuando con la ley francesa se exigirían 20.000.