El Gobierno francés pide a un tribunal que no expulse a Mobutu a España

El comisario del Gobierno francés -una figura equiparable a la de abogado del Estado en España- se opuso ayer a la expulsión a España del dirigente etarra Alberto López de la Calle, Mobutu, durante la vista del recurso judicial que éste había planteado contra la orden administrativa de entregarle que pesa sobre él desde julio. El representante gubernamental aceptó la legalidad de la expulsión, pero argumentó que el país de destino debe ser un tercero y no España, cuyas autoridades no han solicitado la extradición y que no deben conseguir, por este procedimiento, una "extradición encubierta".

López de la Calle, detenido en la localidad francesa de Tolón en 1994, salió de la cárcel el 7 de julio pasado tras cumplir una condena por asociación de malhechores dictada por el Tribunal Correccional de París. Desde entonces, Mobutu ha permanecido bajo vigilancia policial en el departamento de Creuse, en las cercanías de la capital francesa. La condena llevaba aparejada la prohibición de continuar residiendo en territorio francés una vez cumplida la pena de prisión, y el prefecto de la zona en la que el dirigente etarra fue confinado ordenó que se ejecutara su expulsión a España.Pero Mobutu planteó una serie de iniciativas judiciales para impedirlo. Una de ellas fue un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de Versalles, que ya aplazó cautelarmente la expulsión hasta estudiar el fondo del asunto; la otra consistió en recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que a finales de agosto dictó una resolución dejando en manos del Gobierno francés la decisión que considerara conveniente, pero en la que advertía, al mismo tiempo, de la conveniencia de esperar el resultado de la apelación planteada ante la sala competente, en este caso el Tribunal de Versalles.

La vista de ese recurso se celebró ayer. El comisario del Gobierno -una figura equiparable a la de abogado del Estado- pidió al tribunal que suspenda la expulsión a España, al tiempo que, en virtud de la condena anterior a no residir más en Francia, apoyó su entrega a un tercer país. Según el representante del Estado, nadie ha pedido formalmente la extradición de López de la Calle a España, por lo que la expulsión administrativa no debe convertirse en una extradición camuflada. Mobutu, que asistía a la vista, ilustró al tribunal acerca de las torturas que esperaba sufrir en caso de ser entregado a la policía española.

Frente a las entregas administrativas de etarras que se han producido en el pasado, y que permitían a Francia desembarazarse con rapidez de elementos incómodos, algunas corrientes de opinión del país vecino presentan esa práctica como escandalosa. El Partido Comunista, los Verdes, la Liga de los Derechos Humanos y una de las asociaciones de magistrados se han pronunciado en contra de ese sistema de entregas, a raíz de la campaña desplegada al efecto desde los Comités de Apoyo a los Prisioneros Políticos Vascos.

Félix Alberto López de la Calle asumió las más altas responsabilidades en la organización terrorista tras la captura de la cúpula etarra en Bidart en marzo de 1992. Mobutu intentó entonces reorganizar la dirección de ETA junto a Ignacio Bilbao Beaskoetxea, Iñaki de Lemona, y Rosario Pikabea, Errota, detenidos ambos el 31 de mayo de 1992. Tras esta nueva operación policial, Mobutu se convirtió en el número dos de la banda tras Ignacio de Gracia Arregi, Iñaki de Rentería, detenido la semana pasada en Francia.

Tras escapar por dos veces de la policía francesa, Mobutu fue detenido en Tolón junto a otros cuatro activistas. La Audiencia Nacional decidió no solicitar su extradición al estimar que no existían causas concretas con las que estuviera relacionado al margen de su pertenencia a la banda terrorista. De hecho, en España Mobutu tiene una sola causa abierta, en la que se le acusa de dirigir el comando Barcelona junto a Felipe San Epifanio y Benjamín Ramos.