Tres acusados afrontan penas de siete años por el derrumbe de una casa en Patraix

Dos constructores, Juan Francisco Ferrer y Miguel Quintero, y un oficial de primera, Juan González, se sientan desde ayer en el banquillo de la Audiencia de Valencia por dos presuntos delitos de homicidio imprudente, tres de imprudencia grave con resultado de lesiones y uno contra los derechos de los trabajadores. Son los presuntos responsables del derrumbamiento de un edificio de la calle de Nicolás Factor del barrio de Patraix en Valencia. Doce operarios trabajaban en la rehabilitación de la finca cuando el 5 de agosto de 1998 la estructura se desplomó. Antonio Donaire, de 47 años, y Alejandro Rafael Cañales, de 28 años, murieron aplastados por los escombros. Otros tres peones sufrieron heridas graves y lesiones irreversibles. Los seis abogados que ejercen la acusación y la fiscal tratan de demostrar que los dos constructores y el oficial sumaron una larga lista de irregularidades que llevaron al siniestro. Se enfrentan a una petición de siete años de prisión, multa de doce meses e indemnizaciones por valor de casi 50 millones de pesetas.

Quintero contactó con los propietarios de los locales situados en los bajos de la finca. Estos estaban interesados en reformar el edificio, construido a principios de siglo. Quintero, entonces al frente de la empresa CSC y supuestamente arquitecto de formación, inició un estudio ocular de la finca para determinar el tipo de rehabilitación. Una intervención quirúrgica le apartó de su actividad y decidió dar de baja su sociedad. Fue entonces cuando, según su testimonio, pasó el proyecto al aparejador Ferrer Palero, quien había constituido en junio de 1998 la empresa QFC, Construcciones y Rehabilitaciones, S.L. con Juan González.

Tras varias reuniones, se concretó la ejecución de una obra presupuestada en 36.600.000 pesetas. Sin embargo, tal como se evidenció ayer en las declaraciones de los imputados y de los propietarios de los locales, la rehabilitación se ejecutaría en dos fases: una primera para adecentar los bajos y una segunda en la que se levantaría un andamiaje exterior especial y se procedería a la rehabilitación propiamente dicha. La cuadrilla dirigida formalmente por Ferrer y que actuaba de hecho bajo las indicaciones de Quintero, entró en la finca derribando tabiques en las plantas baja y primera, y abriendo agujeros para tirar escombros desde la primera altura. Todo ello sin tener siquiera concedida la licencia de obra menor y, mucho menos, la de obra mayor -que requiere del aval de un arquitecto titulado y colegiado así como del propio colegio profesional-. La reforma se inició sin que la estructura fuera peritada y sin colocar puntales que aseguraran la construcción. Tras el accidente se supo que no tenían contratada póliza de seguro de responsabilidad civil, que dos de los trabajadores no figuraban de alta en la Seguridad Social, que los operarios no tenían el material de seguridad obligatorio y que ninguno recibió formación en Prevención de Riesgos.