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Tribuna:

La gran oportunidad de México

La redemocratización de América Latina a lo largo del decenio de los ochenta suscitó bastante entusiasmo y grandes expectativas. De hecho, de los diecisiete países que han experimentado intentos de democratización durante los pasados veinte años, muy pocos han sufrido graves tambaleos: los principales rezagos actuales se deben al autoritarismo rampante en Perú y al prolongado bloqueo en Paraguay, aunque la guerra en Colombia y la tentación caudillista en Venezuela también pueden evocar viejos temores. Pero la buena noticia es que, por fin, el reciente proceso político en México -el país más poblado de habla hispana y el que ha sufrido un autoritarismo más duradero- puede decantar la balanza a favor de la estabilidad democrática y la paz en la región.La complacencia actual de los mexicanos por la suavidad y el éxito del cambio político reciente está muy justificada, pero no porque el proceso haya sido fácil, sino precisamente porque hasta la víspera de las elecciones del pasado 2 de julio había cundido el temor de que el perdedor -fuera quien fuera- no aceptara el resultado y el país pudiera enzarzarse en un abierto conflicto civil. La intervención del presidente Ernesto Zedillo fue decisiva para que la democratización de los procedimientos electorales, que ya había sido efectiva en las elecciones al Congreso de hace tres años, pudiera culminar en la alternancia presidencial.

Algunas sensaciones de los mexicanos en estos eufóricos meses poselectorales suenan familiares a quienes hemos vivido otros procesos de transición. De repente, una gran parte de los análisis y las especulaciones acumulados han quedado obsoletos; súbitamente, todo el mundo tiende a hacer planes de futuro y a pensar que "sí se pueden" desarrollar iniciativas innovadoras de todo tipo, como "sí se pudo" derrotar al PRI, según gritaban los ciudadanos en la noche electoral.

Las oportunidades para el presidente electo, Vicente Fox, son ciertamente muy amplias y pueden situarse en tres horizontes temporales. En primer lugar, y como no hay bien que por mal no venga, los cinco meses de interinidad entre las elecciones y la toma de posesión, que tendrá lugar el 1 de diciembre, están creando buenas ocasiones para la construcción de consensos. Sin duda, el periodo es excesivamente largo para una alternancia democrática normal -y todos coinciden en que debería ser abreviado en el futuro-, pero para Fox, que ganó con sólo un 44% de los votos populares, es como si hubiera obtenido una prórroga de la campaña electoral para concretar planes, medir fuerzas, lanzar globos sonda y ganar más adeptos. Una verdadera luna de miel.

La segunda fase puede durar un par de años a partir de la toma de posesión. La ventaja de estos periodos iniciales es que la mayoría de los actores políticos, y en este caso especialmente los tres principales partidos -el conservador PAN, del que emergió Fox; el PRI, que ha perdido el monopolio del poder, y el izquierdista PRD, en aparente declive-, se encuentran en una notable incertidumbre con respecto a su propia situación en el futuro. La ignorancia con respecto a la fuerza relativa de cada uno dentro de un tiempo hace que todos estén más dispuestos que nunca antes, ni después, a pactar reglas del juego neutrales y eficientes, ya que nadie sabe si la introducción de algún sesgo u obstrucción podría volverse más adelante en su contra.

Hay dos campos en los que el nuevo presidente y su Gabinete tendrán la oportunidad de promover reformas ambiciosas de las reglas del juego en esta fase inicial. El primero son los cambios institucionales por los que México puede aproximarse al modelo general adoptado por las otras democracias recientes de América Latina: reducir el poder hiperpresidencial; consolidar un multipartidismo amplio y efectivo; acostumbrarse al gobierno dividido, es decir, a que el presidente no tenga mayoría en el Congreso y deba negociar las grandes decisiones legislativas con otros partidos (como se ha vuelto costumbre en virtualmente todos los países de las Américas); favorecer la cooperación interinstitucional; reorganizar la justicia y la seguridad; aumentar la descentralización y la cooperación federal. La Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, organizada por Porfirio Muñoz Ledo bajo la presidencia de Fox, ya ha empezado a producir fecundas ideas en esta dirección.

El segundo campo es una mayor apertura internacional, como ha esbozado el presidente electo en sus primeros viajes. México, que ha ido desarrollando fuertes vínculos con Estados Unidos y Canadá desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio en 1994, suscribió recientemente un importante acuerdo comercial con la Unión Europea. Desde esta doble plataforma, y sobre la base de su gran potencia humana y económica, podría ser el puente para construir amplias avenidas de intercambios y comunicación que alcanzaran también a los países que ahora forman el MercoSur y el Pacto Andino, así como a las todavía muy aisladas pequeñas naciones de América Central. La integración económica también contribuiría, desde luego, a la estabilidad democrática de la región.

Es de prever que, antes de las próximas elecciones al Congreso mexicano, que deben celebrarse en 2003, la prominencia actual de la dimensión liberalizadora y democratizadora, que debería permitir amplios acuerdos en cuestiones importantes, ceda lugar a una mayor confrontación de ideas en la dimensión izquierda-derecha. La competencia electoral configurará un sistema de partidos más estable, el cual podría tener una forma comparable al español actual.

Fox ganó porque consiguió reunir una amplia variedad de votos antiautoritarios de izquierda y de derecha, pero, pese a la capacidad de aglutinar fuerzas que tiene el poder, todavía es dudoso que su partido, el PAN, pueda atraer permanentemente un tan amplio espectro político y social. En gran parte, el futuro sistema de representación dependerá de la evolución del PRI. Si en los próximos dos o tres años predomina la línea de cooperación democratizadora iniciada por Zedillo, podría convertirse en un partido de tipo socialdemócrata o social-liberal capaz de desempeñar de nuevo un papel muy importante en la vida política mexicana, aunque ahora en un nuevo marco de pluralismo político efectivo. Si, en cambio, recurre al repliegue en las viejas ideas proteccionistas y prácticas clientelares, como parecen proponer una mayoría de los gobernadores de los Estados, el PRI podría sufrir un mayor estancamiento y quizá divisiones internas. La suerte del PRD, en el que la sustituta de Cuauhtémoc Cárdenas en la jefatura del Gobierno de la ciudad de México, Rosario Robles, está mostrando una notable capacidad de liderazgo e iniciativa, dependerá a medio plazo del espacio que deje libre el PRI.

Los amigos mexicanos de una cierta edad suelen comentar el gran cambio experimentado por las relaciones entre México y España en los últimos decenios.

Hasta los años setenta, muchos mexicanos miraban con cierta condescendencia a la España entrampada en el autoritarismo y aislada del mundo, de la que habían huido miles de refugiados, perseguidos y emigrantes que en México hallaron acogida y acomodo. La crisis del tradicional modelo económico y político mexicano en los años ochenta invirtió los papeles, y muchos pasaron entonces a admirar la ejemplaridad de la transición española y los nuevos impulsos de apertura y renovación. México tiene ahora la gran oportunidad de recuperar su autoestima, de convertirse en un interlocutor privilegiado de España al otro lado del Atlántico y en un líder en América Latina del progreso y la democratización.

Josep M. Colomer es profesor de Investigación en Ciencia Política en el CSIC.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 25 de septiembre de 2000