"El coordinador de los servicios de inteligencia debe depender de la Presidencia del Gobierno"

Hace cinco meses que cambió la maza de presidente del Congreso por la cartera ministerial, pero no ha tenido un minuto para la nostalgia. El Ministerio de Defensa, una casa que este cartagenero de 48 años considera propia, dado su origen como auditor de la Armada, está en plena transformación y él es el maestro de obra.Pregunta. El 8 de noviembre se celebra el último sorteo de la mili. ¿No habría que compensar a los últimos reclutas forzosos?

Respuesta. No creo que haya que hacer una distinción económica. Todos nuestros recursos deben orientarse a la captación y retención de profesionales. Eso sí, a los jóvenes que se incorporen en el último llamamiento del servicio militar obligatorio habrá que distinguirlos. Estamos pensando en dedicarles el Día de las Fuerzas Armadas del próximo año, para que la sociedad tome conciencia de que se cierra una etapa histórica que ha dado grandes beneficios a nuestro país.

P. El fin de la mili va en paralelo a la profesionalización de las Fuerzas Armadas, que están teniendo graves dificultades para reclutar soldados, debido a la caída de la natalidad y a la reducción del paro, entre otras razones. ¿Se alcanzará el objetivo de llegar a 85.000 profesionales este año y 102.500 el próximo?

R. El objetivo se va a lograr de manera global. Los números apuntan a que se puede conseguir a finales del año que viene. Si hay desfases, serán menores. Lo importante es contar con un diseño final y ése está hecho y bien hecho. Tendremos en torno a 100.000 soldados y marineros profesionales a partir de 2001.

P. La falta de aspirantes preocupa especialmente a la Armada.

R. Es cierto que tiene más dificultades, debido a sus especiales características. Para afrontar ese problema contaremos con dos instrumentos el próximo año. Uno es adaptar las convocatorias a las zonas del territorio donde pueda haber más vocaciones, mediante los llamados banderines de enganche. Otro es el nuevo reglamento de retribuciones, que primará la retención de los profesionales para que alarguen su compromiso.

P. ¿Hay dinero para aplicarlo?

R. Estamos luchando para que sea una realidad en 2001, pero hay que conciliarlo con el objetivo prioritario del Gobierno: llegar a déficit cero. Pretendemos que se reconozca presupuestariamente el nuevo reglamento y se prevea por Hacienda una aplicación progresiva del mismo. Se trata de que todos los miembros de las Fuerzas Armadas conozcan cuál es su horizonte económico. A la hora de aplicarlo, la prioridad naturalmente será la tropa profesional, pero eso no significa, como se ha dicho, que se congele el sueldo de los mandos, que tendrán al menos el mismo aumento que los demás empleados públicos.

P. ¿Cuánto crecerá el presupuesto de Defensa en 2001?

R. Unos 43.000 millones de pesetas, en la misma línea de incremento que otros departamentos. Siempre, como es lógico, nos gustaría disponer de más.

P. El Gobierno parece haber ido a remolque de las autoridades gibraltareñas a la hora de reclamar información al Reino Unido sobre el submarino nuclear averiado en el Peñón.

R. Pero es que el Gobierno español ha tenido información desde el primer momento y ha podido verificar por sus propios medios que era leal y veraz. Lo que se ha hecho en una segunda fase es explicar a la opinión pública, a la que se había alarmado con una demagogia excesiva, que no existe ni ha existido riesgo para la población española y ni siquiera para la del Peñón.

P. ¿Hay garantías de que no se repetirá esta situación?

R. Esperamos que no. Nosotros optamos en su día por no tener submarinos nucleares y no tenemos por qué sufrir en una parte de nuestro territorio, todavía colonia, los riesgos que pudieran derivarse de una auténtica avería nuclear, aunque no haya sido ése el caso.

P. ¿No se volverá a reparar un submario nuclear en Gibraltar?

R. Así se nos ha asegurado y así lo exigiremos.

P. Se sabe qué es lo que pretende obtener EE UU con la revisión del convenio bilateral: la ampliación de la base de Rota. Pero no conocemos cuál es el objetivo de España en esas negociaciones.

R. Lo que queremos es adaptar el convenio a las nuevas realidades, tanto en el ámbito de la defensa como en el político. Esas conversaciones se producen en el contexto de una alianza de los dos países en el seno de la OTAN, unas Fuerzas Armadas españolas con exigencias crecientes de modernización, una nueva estrategia hacia el Mediterráneo y un peso creciente de España en la escena internacional que todo el mundo debe reconocer.

P. Hay también un conflicto laboral en la base de Rota.

R. Hemos trasladado a EE UU la conveniencia de que se dé una solución a este problema, aunque sea transitoria, antes del inicio formal de las conversaciones de revisión del convenio. Cuando se suprimió, por razones de legalidad, la exención fiscal de parte de las retribuciones de los trabajadores españoles de la base, el Estado español sufrió una merma de ingresos, pues condonó cerca de 5.000 millones de pesetas no cobrados. Esperamos un gesto también de parte de las autoridades norteamericanas.

P. El 12 de octubre desfilarán por primera vez en Madrid militares de otros países europeos...

R. El desfile de la Fiesta Nacional será la visualización de una realidad pujante: el desarrollo de la Identidad Europea de Seguridad y Defensa, con unas capacidades propias. La expresión más lograda de esa voluntad es el Eurocuerpo, del que formamos parte cinco países. Su integración en la estructura de mando de las fuerzas de la OTAN en Kosovo ha sido una operación exitosa, dirigida precisamente por un general español, Juan Ortuño. Son unidades del Eurocuerpo y el propio general Ortuño los que desfilarán en Madrid.

P. ¿Qué aportación hará España a la Fuerza de Reacción de la Unión Europea que debe estar lista en 2003?

R. En torno al 10% del total de los 60.000 efectivos previstos. Eso se concreta en un cuartel general de división y una brigada mecanizada; un batallón anfibio y buques de superficie; y dos escuadrones de cazabombarderos y uno de aviones de transporte.

P. La creación de una industria militar europea está en la base de la polémica sobre la privatización de Santa Bárbara. El Gobierno dice que no tiene prisa por optar entre la oferta americana y la alemana. Pero el programa Leopard sí tiene prisa, pues en 2002 deben empezar a fabricarse los tanques en España.

R. Aunque ha habido cierto retraso, estamos a punto de culminar la primera fase de ese programa, que supone para las empresas alemanas casi 16.000 millones de pesetas a finales de este año. El año próximo podemos pasar a la fase de fabricación de los carros. Vincular la continuidad de este programa a la privatización de Santa Bárbara no es adecuado. El presidente del Gobierno lo ha dejado muy claro: no tenemos ningún plazo y no hay ninguna prisa en decidir sobre la privatización.

P. ¿Se pueden fabricar los carros sin privatizar la empresa?

R. No veo ningún inconveniente para ello.

P. Antes hay que decidir si se renueva la cesión de 108 Leopard, que acaba en noviembre.

R. El Gobierno alemán ha mostrado su mejor disposición a renovar esa cesión de uso. Nunca ha planteado ninguna otra cosa que no sea mantener el precio político o incluso mejorarlo.

P. Pero a dos meses de expirar el alquiler aún no hay acuerdo.

R. Ni desacuerdo. El programa Leopard es de interés recíproco... significa mucho para las empresas alemanas implicadas.

P. Se le ha atribuido la intención de dividir el servicio secreto Cesid en varios organismos.

R. Se trata justo de lo contrario, de que haya una comunidad de inteligencia, lo que implica mejor coordinación. La reforma del Cesid tiene un modelo muy sencillo de diseñar y más complejo de implementar, pues hay que alcanzar un amplio consenso parlamentario y desarrollarlo. Pero los ejes básicos están claros. En todos los países democráticos avanzados hay una comunidad de inteligencia con tres áreas de actividad: la exterior, la interior y la militar. En todos existe un organismo de coordinación en dependencia directa con la Presidencia del Gobierno, la jefatura del Ejecutivo, y en todos hay un control parlamentario de los objetivos y de la utilización de los fondos reservados y un control, previo o posterior, de carácter judicial. Eso, y los principios generales de actuación, es lo que debe incluir el futuro proyecto de ley, que será uno de los objetivos de este ministro y de este Gobierno para el próximo año.