La juez aprecia el "riesgo" de que los responsables de la emisora puedan fugarse

El ingreso en prisión de Rosalía Domínguez y Eduardo Arrese- Igor se debe a que "el resultado de las diligencias practicadas hasta la fecha constata la presunción de veracidad de lo que hasta el momento presente ha sido denunciado". Pero la juez no sólo se ampara en este dato para tomar esa decisión. Estima además que existe un riesgo de fuga, si se tiene en cuenta que "los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores", para el que el Código Penal establece una pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. En todo caso, el Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián también tiene en cuenta otros requisitos legales para determinar esta medida cautelar. Alude a la "alarma social y la reacción social" que se ha producido ante estas presuntas irregularidades -sobre la que se ha polemizado en los medios de comunicación- y al peligro de reiteración del hecho delictivo. Juan Luis Peña, abogado de 10 de los demandantes, confirmó ayer que el matrimonio continúa con la captación de trabajadores, que se ven obligados a aceptar unas condiciones contractuales abusivas ante su situación de precariedad.

La juez confirma esta circusntancia. En la misma resolución en la que decreta el ingreso en prisión, constata que ambos detenidos han hecho caso omiso de las advertencias. Se les requirió que se abstuvieran de publicar anuncios publicitarios para la captación de futuros trabajadores, pero un informe de la Ertzaintza indica que desobedecieron esta medida. Radio Aldamar opera desde hace más de un año con una licencia provisional en prácticas, según fuentes jurídicas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 22 de septiembre de 2000.

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