Los acusados del PP en el fraude del voto por correo niegan en el juicio haber falseado la firma del notario

La Audiencia de Madrid sentó ayer en el banquillo a los nueve militantes del Partido Popular implicados en el presunto fraude del voto por correo descubierto en las elecciones municipales de Madrid de 1991. Los acusados, la mayoría apoderados del PP, negaron las irregularidades en la tramitación de los votos postales y rechazaron que hubieran falsificado la firma del notario Alberto Ballarín para legitimar 3.366 votos. En aquellos comicios, el PP alcanzó por primera vez la alcaldía de Madrid por mayoría absoluta, con un margen superior a los 3.366 votos sospechosos.

"700 solicitudes diarias"

El fiscal solicita para tres de los nueve acusados -por delitos de fraude electoral y falsedad en documento oficial- penas de nueve años de cárcel y dos años para el resto. Izquierda Unida, que actúa como acusación particular en este juicio, reclama, por su lado, un año de cárcel para una de las acusadas y seis meses para el resto. Las defensas reclaman la absolución. El fiscal sostiene que, en distintas sedes del PP de Madrid (varias de la capital y otras de Aranjuez y Fuenlabrada), los acusados falsearon la firma del notario Alberto Ballarín y además, saltándose la normativa electoral, votaron al PP en nombre de personas supuestamente incapacitadas. Para delegar en otra persona la tramitación de un voto postal (no para votar, pues eso es personal e intransferible) es necesario que un notario dé fe de ello y lo certifique con su firma. Según el fiscal, algunos de los acusados prescindieron del notario e imitaron su firma.

Los acusados de las sedes periféricas del PP señalaron que en ningún momento tuvieron conocimiento de irregularidad alguna en la tramitación de los sufragios postales. Y alegaron que su labor se centró en rellenar las fichas de las personas que delegaron en ellos la solicitud del voto postal y en remitirlas luego, junto con una copia de sus documentos de identidad, a la sede central del PP, en la calle de Génova, para que desde allí se legitimasen las firmas con el notario.

Con meras fotocopias de documentos de identidad, el notario legitimó miles de solicitudes de voto postal, pero llegó un momento, el día 14 de mayo, siete días antes de las elecciones, en que se negó aduciendo que la ley lo prohibía. Lo cierto es, según las acusaciones, que personas de la sede del PP desoyeron las instrucciones del notario e imitaron su firma en 3.366 ocasiones. Así lo tiene declarado el propio Ballarín.

Se da la circunstancia, y ayer lo reconocieron tres de los acusados, de que en la sede del PP había una estampilla del despacho del notario Ballarín. La acusada María Asunción de la Peña, la persona que habitualmente iba con las copias del DNI y las solicitudes del voto postal al despacho del notario, admitió ayer que en la sede de Génova se utilizó una estampilla de Ballarín, pero que se hizo para "facilitarle el trabajo", con vistas a que el fedatario únicamente tuviese que estampar su rúbrica. "Él nos autorizó a utilizar la estampilla, y lo sabía, pues la veía en los impresos cuando firmaba las solicitudes", comentó. En esa fecha, víspera electoral, De la Peña llevaba al notario casi todos los días del orden de las 700 solicitudes de votos postales, según reconoció. A Guillermo Núñez, a quien se imputa haber participado en la falsificación de firmas, el fiscal le enseñó varios documentos referidos a un militante que acudió a la sede central del PP para que le tramitasen su voto postal. La solicitud tiene fecha del 16 de mayo; la firma del notario, del 17, y la entrega del voto en Correos, del 18. "¿Cómo se explica usted que el notario legitimase esta solicitud si desde el día 14 había pedido que no le enviasen más?", preguntó el fiscal. Núñez indicó que no lo comprendía. Agregó que, aunque él figurase como apoderado para tramitar las solicitudes de voto por correo, en realidad fueron muchos los militantes que intervinieron en esas gestiones y no descartó un error a la hora de poner las fechas. Juan Ramón Montero, abogado de la defensa, subrayó que después del día 14 no se llevó ninguna nueva solicitud de voto postal al notario y que las que figuran legitimadas en fechas posteriores eran de las que se acumularon en la notaría.

-¿Usted reconoció ante el juez de instrucción que, con posterioridad al día 14, siguió llevando solicitudes al notario? -inquirió a Núñez el abogado de IU, Juan Francisco Pla.

-No recuerdo haber dicho eso. Me debieron interpretar mal. El letrado citó dos casos de votantes que declararon ante el juez que fueron a la sede del Partido Popular, entregaron una copia de sus documentos de identidad y les dijeron que "ya habían votado y que no tenían que preocuparse de nada más".

-¿Era una práctica habitual en su partido decir eso? -preguntó el letrado.

-No tengo conocimiento de que eso se dijera así. Nosotros tramitábamos las solicitudes y, una vez que recibíamos la documentación de la Junta Electoral, llamábamos a los interesados y se las dábamos, pero no introducíamos las papeletas -señaló Núñez, al igual que el resto de acusados.