Nueve años de proceso judicial

Nueve años han pasado desde que, en 1991, se descubrió un supuesto fraude en el voto por correo. Un caso que luego se judicializó y que, ayer, finalmente, concluyó con nueve militantes del PP sentados en el banquillo de los acusados. La investigación judicial de este caso, que se nutre de varios miles de folios, duró cinco años; entre otros motivos, porque los abogados defensores presentaron recursos contra todos los dictámenes que efectuó el juez instructor, Rafael Mozo, hoy magistrado de la Audiencia. Tras llegar el sumario a la Audiencia, hace ya cuatro años, los recursos tampoco cesaron. E incluso ha habido que practicar nuevas pruebas, entre ellas una pericial caligráfica con la que se pretendía averiguar qué militantes del PP falsearon supuestamente la firma del notario Ballarín.

Otro de los motivos de este largo proceso radica también en que la celebración del juicio se ha pospuesto varias veces; algunas, para que se practicasen nuevas pruebas y, la última, justo antes de los últimos comicios, para evitar que la vista coincidiese con las elecciones generales.

Tres son los miembros del PP a los que el fiscal reclama las mayores penas, nueve años y seis meses de cárcel: Guillermo Núñez Vaquero, Esperanza Márquez Gómez y María del Pilar Rodríguez. Los otros seis se enfrentan a dos años de prisión. Se trata de María Asunción de la Peña González, María Antonia Astudillo López (hermana del ex concejal del Ayuntamiento de Madrid José Gabriel Astudillo), Ricardo Hurtado, María Soledad Martín del Pozo, María del Carmen García Montero y María Paloma Pérez Montero.

En su escrito de acusación, el fiscal afirma que el PP dispuso para esas elecciones, las municipales de 1991, de una serie de militantes a los que encomendó tramitar los votos de las personas que se acercaran a alguna de sus sedes pidiendo que les gestionasen el voto postal. Una vez en la sede, los acusados fotocopiaban el DNI del elector "y les hacían firmar la solicitud de inscripción en el censo".

Formalizados ambos trámites, se les decía, según el fiscal, "que ya habían ejercido su derecho al voto y que no debían practicar ninguna otra gestión". La ley establece que el voto es personal e intransferible y que nadie puede votar por otra persona.

El juicio continuará el próximo lunes. El notario Ballarín, que acudirá como testigo, se ha personado en la vista como acusador particular.