¿Es necesario morir para ayudar?

Con el asesinato de Samson Aregahegn, Carlos Cáceres y Pero Simudza en Timor Occidental, y de Mensah Kpognon en Guinea, son ya más de 200 los civiles que, trabajando bajo bandera de la ONU han sido asesinados en los últimos ocho años. A estos datos escalofriantes hay que añadir 228 secuestrados mientras ejercían labores humanitarias y unas 300 víctimas de intimidación y violencia.Samson, Carlos y Pero trabajaban para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Atambua, Timor Occidental. El 6 de septiembre, un grupo de unos treinta milicianos armados atacó las oficinas del ACNUR. Algunos trabajadores fueron escondidos por vecinos. Carlos, Pero y Samson fueron asesinados a machetazos, sus cuerpos rociados con gasolina y quemados.

Mensah trabajaba en Macenta, un pueblo guineano en la frontera con Liberia, donde el ACNUR asiste a refugiados liberianos y sierraleoneses. El 17 de septiembre fue asesinado en un ataque perpetrado por un grupo armado en el que murieron otras personas que vivían en el mismo barrio. Otra trabajadora del ACNUR, Sapue Laurence Djeya, fue secuestrada y aún no tenemos noticias sobre su paradero.

Guinea y Timor no son los únicos lugares donde el trabajo humanitario se paga con la vida, ni ACNUR la única agencia que ha sufrido bajas. Hace meses, miembros del Unicef y del Programa Mundial de Alimentos fueron brutalmente asesinados en Burundi. ¿Quién no recuerda el asesinato de los cooperantes españoles de la ONG Médicos del Mundo en Ruanda, y de los trabajadores del Comité Internacional de la Cruz Roja en Chechenia, o el derribo de dos aviones de la ONU en Angola? Somalia, Afganistán, el Cáucaso son lugares donde los humanitarios han perdido sus vidas asistiendo a las víctimas de conflictos y persecuciones. La lista es mucho más larga.

Desde que el ACNUR abrió sus oficinas en Timor Occidental, hace poco más de un año, se habían registrado más de 120 incidentes contra sus trabajadores. Las actuaciones del ACNUR son estrictamente humanitarias. Su seguridad depende de las autoridades del país en el que trabaja. Indonesia es responsable de la seguridad del personal de la ONU en Timor Occidental. Es difícil aceptar que el presidente Wahid no haya querido entrevistarse con la alta comisionada, Sadako Ogata, aunque los dos se encontraban en Nueva York, en la Cumbre del Milenio, cuando la Oficina del ACNUR en Atumbua fue atacado. Indonesia tampoco ha aceptado la investigación propuesta por el Consejo de Seguridad.

Si bien la responsabilidad principal sobre la seguridad de los trabajadores humanitarios recae sobre el Gobierno del territorio donde se encuentran, no es menos cierto que los Estados han de asumir un papel más activo para asegurar que se puedan desarrollar las labores de asistencia. Ayer, el personal del ACNUR en 120 países entregó una declaración a los Gobiernos de los Estados de la ONU pidiéndoles que tomen medidas para proteger al personal humanitario. Una de ellas es firmar y ratificar el Estatuto de Roma para el Tribunal Penal Internacional que contiene disposiciones que tipifican como crimen de guerra los ataques contra el personal humanitario o de misiones de paz de la ONU.

Sin embargo, ACNUR también debe revisar sus procedimientos de seguridad en los lugares de alto riesgo. Nosotros, los colegas de las víctimas, nos preguntamos ¿cómo ha sido posible?, ¿por qué no fueron evacuados a tiempo? La alta comisionada ha anunciado que se realizará una investigación para conocer la respuesta a estas preguntas.

Igualmente trágico, tras la evacuación del personal del ACNUR y de las ONG, es el futuro de los 125.000 refugiados (entre ellos, mujeres, niños y ancianos) en Timor Occidental, dejados a su suerte en manos de las milicias responsables de las matanzas en Timor Oriental el año pasado.

El terrible dilema entre abandonar una operación de ayuda humanitaria por el riesgo y dejar a su suerte a miles de víctimas se ha consumado una vez más en Timor, pero con un precio demasiado alto. Nuestra obligación ahora es mantener vivo el espíritu por el cual Pero, Samson, Carlos y Mensah han muerto, el ideal de que toda persona tiene derecho a la dignidad y al respeto, y que quizás la historia pueda ser más ética. La obligación de la comunidad internacional, y en particular del Consejo de Seguridad de la ONU, es la de asegurar que esto no se repita.

Luigi Cabrini es representante del ACNUR en España.