Amann dice que el Plan Hidrológico Nacional "ni da ni quita un litro"

El consejero Amann resaltó que el Plan Hidrológico viene a confirmar lo que ya se está haciendo en Euskadi, tanto a nivel de infraestructuras hidráulicas como de política de gestión. "Por eso el Plan no nos afecta ni en cuanto al recurso del agua ni en las formas de gestionarlo". Así, la previsión contenida en ese documento es concluir con las obras de abastecimiento y saneamiento que ya fueron declaradas de interés general en 1994. Ahí se incluyen nuevos embalses para Guipúzcoa y Álava y las grandes plantas de depuración del Alto Nervión, Alto Deba y Urdaibai. Amann intervino hace unos días en el Consejo Nacional del Agua, donde todos los participantes aplaudieron la existencia del Plan. "Existe un espíritu de debate leal, no demagógico. Todos coincidimos en que era necesario un documento para comenzar a debatir".

El consejero apuesta porque de ese debate se desprenda un nuevo modelo de gestión que en lugar de hablar únicamente de obra hidráulica, se decante por hablar de situación hidrológica, de cómo un cuenca puede mantener el equilibrio y del uso racional del agua.

Precisamente, la aplicación de un nuevo modelo de gestión es también uno de los objetivos de la futura ley de Aguas del País Vasco. El departamento ya dispone de un proyecto de ley, pero aún no ha iniciado su tramitación parlamentaria porque requiere de un amplio debate previo, y además el Gobierno está en minoría.

El proyecto elaborado por la consejería reserva a las instituciones comunes la planificación y el abastecimiento y saneamiento, así como la ejecución y gestión de las infraestructuras que se declaren de interés general de Euskadi.

Mientras, se encomienda a las diputaciones la policía de aguas, así como la ejecución y explotación de las obras hidráulicas que no sean de interés general ni afecten a otro territorio. A los ayuntamientos se les reserva el suministro domiciliario de agua, el alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales.

Un organismo autónomo, el URA, se encargará de las funciones atribuidas al Gobierno. Las diputaciones tendrán que ceder a esta entidad una parte de las competencias que ahora ejercen.