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Los expolios revelan la insuficiente vigilancia de los yacimientos arqueológicos valencianos

La Comunidad Valenciana tiene catalogados más de 700 yacimientos arqueológicos. De ellos, según fuentes del Museo de Prehistoria de Valencia, sólo dos tienen vigilante permanente, alrededor de una treintena cuentan con algún tipo de estructura que dificulta el acceso y algunos disponen de señalización específica en la que, además de la información de interés sobre el punto, se prohíbe el paso. Pero la gran mayoría está a merced de cualquier saqueo o daños. Una situación que aprovechan los expoliadores, como los detenidos recientemente por la Guardia Civil.

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Sin actuación conjunta

La reciente investigación, conocida como Operación Zeus, ha desarticulado una red dedicada a la expoliación de yacimientos y al tráfico ilegal de piezas de gran valor histórico que no están catalogadas. Quince detenidos y 7.000 restos que datan de las épocas íbera, romana y medieval ha sido el resultado de las pesquisas. Según las primeras valoraciones de los expertos que estudian el alijo, al menos la mitad de las piezas podrían haber sido sustraídas en operaciones clandestinas en yacimientos de la Comunidad Valenciana. Esto pone de manifiesto la vulnerabilidad de estos espacios por la escasa vigilancia y el elevado interés que los vestigios más pretéritos de la historia despiertan en el mercado negro.Tras constatar que las doce primeras piezas de cerámica que pusieron sobre la pista de la red ahora desarticulada son falsas, los expertos se afanan ahora en determinar la autenticidad y procedencia de las 7.000 unidades restantes, sobre todo monedas, incautadas a los integrantes de esta red que operaba en la Comunidad Valenciana. Según fuentes de la investigación policial y del grupo de técnicos especialistas en este tipo de restos, entre el 80% y el 90% de las piezas recuperadas serían auténticas. Su valor material es incalculable. Su valor histórico, muy importante.

Tras la primera recuperación de piezas en la citada Operación Zeus, iniciada a primeros de agosto y concluida oficialmente el pasado 8 de septiembre aunque con posterioridad se haya practicado al menos una detención más, la propia delegada del Gobierno para la Comunidad Valenciana, Carmen Mas, reconocía que era "muy difícil mantener una vigilancia permanente en los más de 700 yacimientos".

La seguridad de estos emplazamientos depende del Seprona (Servicio de Protección a la Naturaleza) de la Guardia Civil, de brigadas forestales y de la Policía Autonómica. Sumando todos los efectivos disponibles, éstos resultan insuficientes, sobre todo porque no existe un protocolo de actuación conjunta. La Policía Autonómica, cuyo subgrupo de Patrimonio se creó en 1999, dispone de unos recursos limitados y sin número fijo.Además, su actuación se produce básicamente a instancias de la Consejería de Cultura, de la Dirección General de Patrimonio o de la Fiscalía. Desde que iniciara sus intervenciones, este grupo ha realizado 262 servicios, 14 diligencias y cinco detenciones. Una de sus últimas operaciones ha sido la intervención, tras la denuncia de expolio, en la Cova de Bolomor (Tavernes de Valldigna), uno de los yacimientos más antiguos de la Comunidad, cuyos restos datan del Paleolítico inferior y considerado como la Atapuerca valenciana, porque en él se ha encontrado un molar de la época Neandertal.

Pero la Policía Autonómica también ha recuperado 700 monedas robadas en Dénia, ha identificado falsificaciones en Llíria -otra de las zonas más importantes-, ha investigado el robo de piezas del Castillo de Benicarló (Castellón) y varios robos de cerámicas. Este somero inventario de actuaciones es igualmente un retrato de la continua expoliación de los yacimientos de la Comunidad.

La red dedicada al tráfico ilegal de restos arqueológicos recientemente desarticulada operaba en colaboración con otros grupos similares que actúan en otros puntos de España, especialmente en la comunidad andaluza, donde el índice de expolio y tráfico ilegal es uno de los más elevados. Los detenidos establecían algunos contactos con los destinatarios de las piezas en el mercado de la Lonja de Valencia. Pero la movilidad de las piezas iba mucho más allá, ya que habitualmente las conexiones traspasan incluso las fronteras nacionales.

En la Lonja se realizaba la entrega del menudeo. Pero el grueso del negocio se concentra en la venta que requiere de una logística más compleja y que suele hacerse de forma mucho más discreta, a clientes habituales, que no siempre son quienes se quedan las piezas. De hecho, se ha comprobado que éstos actúan en muchas ocasiones como intermediarios para entregar las piezas después a coleccionistas dispuestos a pagar cualquier precio por una máscara de bronce o una espada de 2.000 años de antigüedad.

Por todo ello, la desarticulación de esta red se considera un paso importante por dos razones principales: por la recuperación de las piezas robadas y por el conocimiento del modo de operar y los demandantes de este tipo de restos arqueológicos.

A merced de los ladrones

Los yacimientos arqueológicos son estudiados por campañas anuales que se desarrollan en dos o tres meses, en función del dinero del que se disponga. Ello significa que una vez acabado, nadie pisa ese punto y se queda desprotegido. Los agentes del Seprona y las brigada forestales ejercen un control relativo, el de patrullar de cuando en cuando, salvo en aquellos casos en que se presume que pueden ser objeto de un sabotaje por la facilidad de localización, acceso y publicitación. Los técnicos se han encontrado en más de una ocasión con allanamientos que han provocado destrozos, especialmente en las cuevas, donde los asaltantes suelen actuar con picos y destrozan sin piedad para llevarse sólo las piezas más evidentes.La situación, calificada de muy preocupante por arqueólogos e investigadores de museos y universidades valencianas consultados, va a más. La implantación de nuevos museos y departamentos universitarios dedicados a la investigación del modus vivendi de nuestros antepasados más remotos ha propiciado un mayor número de aproximaciones científicas a los yacimientos. Pero la mayoría de ellos cuentan con un presupuesto muy escaso -ya que por menos de dos millones de pesetas no se puede realizar ninguna campaña de entre uno y dos meses, siempre que no requiera obreros- y como consecuencia los yacimientos permanecen abandonados muchos meses al año. Por tanto, el expolio resulta fácil.

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