Protestas y propuestas

Transportistas, agricultores y pescadores europeos, entre ellos los españoles, se han lanzado a las calles para pedir que sus Estados les compensen por la compulsiva subida de los precios de los carburantes. La exigencia de reducir los impuestos sobre los productos petrolíferos se ha dado de bruces con la negativa inicial de los Gobiernos, en general la única línea que ha unido a las administraciones europeas, desde la correcta apreciación de que avanzar por este camino estimula el consumo, desincentiva el ahorro energético y va en perjuicio del uso más racional de un combustible escaso y que poluciona. En el mismo momento en que las protestas han comenzado a remitir en el resto de Europa ante las diversas respuestas de los Gobiernos han empezado a arrancar en España. Mañana, lunes, empiezan las conversaciones entre las organizaciones que agrupan a los sectores afectados y un Gobierno que hasta ahora padece síndrome de inmovilidad, como si los problemas no fuesen con él. Los socialistas españoles han presentado un plan de medidas, discutible, pero que debería servir para iniciar un debate sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Es difícil establecer sobre qué principios se impondría su propuesta de una tasa especial que grave los beneficios extraordinarios de las petroleras por el encarecimiento del crudo. Seguramente, el PSOE piensa en la tasa impuesta por el Gobierno francés. Pero allí se puede comprender que las compañías tengan que compensar parte de la pérdida de recaudación que el Estado sufre por la rebaja del impuesto de matriculación.

Tampoco está suficientemente matizada la propuesta de bajar de forma temporal el impuesto especial de hidrocarburos hasta el mínimo europeo para el sector agrícola. La propuesta podría redefinirse en unos términos más razonables, como congelación fiscal: puesto que el IVA grava precios más elevados y actúa como un impuesto sobre otro impuesto, sería posible congelar el efecto del IVA -inmodificable, salvo por ley- reduciendo el impuesto especial en la misma medida en que el IVA encarece el precio por litro (en unas cinco pesetas tras las últimas subidas). Así se respetaría el principio de la repercusión del mayor coste del crudo a los consumidores, pero se ahorraría parte de la carga fiscal, con un efecto neutro para el Estado.

Pero, en cualquier caso, el silencio gubernamental es más dañino que los errores o las imprecisiones de la oposición, por flagrantes que sean. Hay un margen para negociar, sin trasladar los problemas de unos sectores al conjunto de los consumidores que padecen, todos, los efectos de un petróleo más caro.