Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Adictos a los combustibles

España no está preparada para reducir la demanda de gasolina y forzar una bajada de precios

La petición que el Gobierno ha hecho a los usuarios para que consuman menos gasolinas a fin de forzar una bajada de los precios de los carburantes es, por principio económico, una buena idea. No obstante, es casi impracticable en España debido a la cultura del consumo y a la propia estructura económica del país. El 90% del trasporte de mercancías se realiza por carretera y los españoles están muy por delante de sus socios europeos en la compra de coches. El sector petrolero, molesto por la propuesta, señala que el Ejecutivo quiere desincentivar el uso de carburantes a la vez que solicita a las petroleras que congelen los precios. Los usuarios sostienen que los precios no se bajan con menos consumo, sino con competencia real en el sector.

Demanda inflexible

El malestar social por la escalada de los costes de los carburantes ha empujado al Gobierno español a proponer a los consumidores que reduzcan su demanda de combustibles para forzar una bajada de los precios. La petición la hizo el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, demostrando su disconformidad con la insistente petición de los usuarios de que la bajada de precios se consiguiera mediante la reducción de los impuestos sobre los carburantes. La propuesta de Rato, sin embargo, tiene serios inconvenientes de aplicación en España.La sociedad y la economía españolas no están preparadas para dar una respuesta inmediata como la que propone el Gobierno a la actual crisis del petróleo. España es muy dependiente de esa fuente de energía y no está lista para prescindir de ella. El 90% del transporte de mercancías, tanto interno como internacional, se hace por carretera. La matriculación de nuevos vehículos ha crecido más en España que en Europa, exactamente un 17,92% en 1999 con respecto al año anterior, frente al 5,04% de media en la UE. De las cinco ciudades españolas más grandes -Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla-, sólo en la capital catalana y valenciana tiene carriles especiales para moverse en bicicleta por el centro de la ciudad. En Barcelona, según el Ayuntamiento, hay 85 kilómetros de carril, pero en Valencia son apenas 10 y localizados en una sola avenida. Todas las ciudades están dotadas de un buen sistema de transporte público, pero, según los expertos en medio ambiente, éste por sí solo no basta para convencer a los españoles de que dejen el coche en casa.

Dependencia exterior

"Es verdad que la demanda de carburantes es inflexible en España", reconoce Cristina García Orcolle, directora gerente de la Fundación Entorno y eurodiputada por el PP en la Comisión de Medio Ambiente, "pero es un buen momento para introducir nuevas pautas de consumo y concienciar al usuario de que consumir menos no equivale a vivir peor". "Históricamente, en España nunca ha habido fuertes campañas de información y formación de los consumidores para incentivar el ahorro de energía, sólo las ha habido a nivel regional", añade. "De todos modos, el Gobierno ha lanzado exitosas iniciativas para el ahorro de energía en el sector industrial".Greenpeace no está de acuerdo con la eurodiputada. "Este Gobierno se ha cargado los pocos instrumentos para fomentar el ahorro de energía que quedaban", explica José Luis García Ortega, experto de la ONG. "Desde este año, el Gobierno dejó sin vigor un instrumento de gestión de la demanda que tenía un presupuesto de 5.000 millones de pesetas procedentes de las facturas de electricidad y que era destinado a premiar el ahorro de energía", añade. "Además, el plan Prever, en vez de favorecer la venta de coches que consuman menos combustible, se ha convertido en un subsidio para la industria automovilística. Se aplica a la venta de cualquier modelo de coche, sin importar la cantidad de combustible que gaste", sostiene García Ortega. La asociación de fabricantes, Anfac, dice que eso es un error porque el consumo medio por vehículo ha disminuido.

Fuentes del sector petrolero añaden que el Gobierno no es coherente al pedir con la mano derecha que los usuarios consuman menos gasolinas mientras que con la izquierda está subvencionando el consumo al pedir a las petroleras que mantengan bajos los precios.

Estas fuentes explican que la presión que el Gobierno, en su afán de contener la inflación, ha ejercido sobre las petroleras para que no suban los precios de los carburantes a pesar del empuje de los precios internacionales mantiene la demanda en niveles altos. El problema, según estas fuentes, es que se pregona el libre mercado, pero no se cree en él. Para bajar la demanda, el Gobierno debería dejar que los precios internacionales se trasladaran directamente a los internos. Si las gasolinas costaran 15 pesetas más, la gente dejaría de consumir. El Gobierno, en ese caso, sólo debería tomar medidas temporales para paliar los efectos del alza en determinados sectores productivos, como el agrícola o el transportista.

Hay dos formas de incentivar el consumo, según estas fuentes: con una reducción de los impuestos, a lo cual el Gobierno se niega, o como ahora, con la ayuda de las petroleras. El Gobierno, según el sector petrolero, pretende al mismo tiempo mantener la inflación baja, su objetivo de déficit cero y calmar los ánimos de la sociedad, frente a una situación internacional que hace impracticable esa política a tres bandas.

Tampoco vale, según el sector, culpar de todos los males a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), porque gracias a la fuerte caída del precio del petróleo desde finales de 1997 y todo 1998, España consiguió en gran parte los magníficos resultados macroeconómicos que le permitieron su entrada a la Unión Monetaria Europea, es decir, al club de los Once del euro. El Gobierno debió invertir más en mecanismos de gestión de ahorro de energía previendo que los precios del crudo, por simple ciclo económico, no podían mantenerse tan bajos durante mucho tiempo.

Rato no sólo abogó por que los usuarios consuman menos, sino también por que el país dependa cada vez menos de energía exterior, es decir, de la OPEP. España es muy dependiente del petróleo importado. Es el cuarto mayor importador de Europa, por detrás de Alemania, Francia e Italia. En marzo de 2000, el último dato comparado del que dispone la Administración de Información Energética de EE UU, España importó 1,4 millones de barriles diarios, de los que 833.000 procedían de la OPEP. A menos que se desarrollen energías alternativas que puedan genarse internamente, España seguirá dependiendo del crudo de la OPEP.El Gobierno español no puede controlar el mercado internacional, sólo puede actuar internamente para amortiguar los efectos de los altos precios exteriores. Cinco economistas y analistas consultados, que como en el caso de los petroleros solicitaron el anonimato, explican que la competencia, el mejor mecanismo para bajar los precios, no funciona en España. En otros países, cuando el mercado internacional aprieta, las compañías compiten entre sí para mantener sus cuotas de mercado a costa de reducir sus márgenes.

A pesar de que las petroleras Respol YPF y Cepsa han dicho que han perdido por el negocio de la venta de carburantes (sin cifrar esas pérdidas), han ganado mucho en términos totales. Según estos expertos, las dos grandes petroleras españolas no necesitan competir por mantener su porción de mercado porque nadie puede arrebatárselas. Representantes de la Plataforma de Consumidores de Carburantes, que el viernes pasado convocó movilizaciones en Barcelona y Mérida en protesta por la escalada de los carburantes, insistieron en que Repsol YPF y Cepsa son un oligopolio y que espera que el Tribunal de la Competencia lo pruebe. Las petroleras insisten en que el mercado español es competitivo y que no hay pactos de precios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 17 de septiembre de 2000