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Tribuna:

El rostro de la crisis

La sociedad española, al igual que la del resto de los países europeos, asiste con perplejidad a la escalada imparable de los precios de los combustibles, sin terminar de comprender sobre qué y sobre quiénes descansa la responsabilidad de esta situación. De una parte, la globalización de la economía mundial no es capaz de ordenar mínimamente el mercado internacional del petróleo. De otro lado, el Gobierno se niega a actuar bajando los impuestos especiales que gravan a los carburantes. Y, en tercer lugar, mientras que las grandes petroleras anuncian beneficios extraordinarios, la renta disponible de sectores profesionales y consumidores, en general, se deteriora mes a mes.Una realidad que nos afecta a todos, y especialmente a los pequeños y medianos agricultores, que han visto cómo en año y medio el gasóleo B para uso agrícola ha doblado su precio, pasando de 40 a 80 pesetas por litro.

Un crecimiento de precios que se ha producido, además, en un entorno de grave depresión de rentas en el conjunto del sector: en 1999, la renta agraria por ocupado descendió en España un 4%, que se añadía a los retrocesos de 1998 y 1997 hasta acumular una pérdida de renta del 12% en tres años. Un deterioro sin precedentes que contrasta con el contexto de crecimiento general de la economía.

Los precios del gasóleo agrícola han tenido un comportamiento alcista muy superior a las gasolinas súper y sin plomo -lo que podría tener explicación por ser carburantes con composiciones químicas distintas-, pero también respecto al gasóleo de automoción, a pesar de que son combustibles idénticos, sólo diferenciados por un colorante: durante el año pasado el gasóleo de automoción subió un 17% frente al 50% del agrícola.

Todo ello explica la decisión de los pequeños agricultores de constituir hace unos meses, junto a otros sectores profesionales y usuarios, la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes. A pesar de que los problemas de los sectores por sus características son distintos, nos hemos unido por ser colectivos identificados, sobre todo, en que no podemos reflejar en tarifa los incrementos de costes (véase en contraposición la última decisión de Iberia) y, también, por ser unidades de producción de dimensión económica pequeña o mediana, cuyo factor de competencia está más en el trabajo propio o familiar que en la capitalización de la empresa.

La plataforma es, por tanto, el lugar donde se recogen las inquietudes sociales de colectivos que hasta ahora no han sido atendidos adecuadamente por el Gobierno, cuya reacción se está produciendo tarde y mal. Mientras Grecia, Italia y Francia han disminuido sus impuestos especiales, tal como propone UPA, el Gobierno sigue ofreciendo alternativas distintas, escudándose en que los impuestos que tenemos son de los más bajos de la UE; en que no se puede disminuir el impuesto sin autorización comunitaria, y en que si disminuimos el impuesto estaríamos señalando a las petroleras que pueden seguir aumentando el precio del carburante.

Sin embargo, la realidad contradice estas posiciones. Los países productores han decidido aumentar el número de barriles, 800.000 diarios, una vez que países como Grecia, Italia y recientemente Francia hayan bajado sus impuestos especiales. En segundo lugar, la aplicación de los impuestos especiales en los sectores profesionales (agricultura, pesca y transporte) tiene distinta consideración. En pesca no existe el impuesto especial y en agricultura, según la directiva 92/81/CEE de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos, establece que los Estados miembros podrán aplicar exenciones o reducciones totales o parciales del tipo impositivo en la agricultura, así como en otras actividades específicas (navegación, por vías navegables interiores, transporte de personas y mercancías por ferrocarril, etcétera). Es decir, el impuesto en España se puede eliminar, en el caso de la agricultura, total o parcialmente ajustándose a la normativa comunitaria.

En cuanto al argumento de que el impuesto en España es de los más bajos, depende de cómo se mida. En términos de paridad de poder de compra es uno de los más altos de la UE, pero además, en valores absolutos, tenemos un impuesto especial en gasóleo agrícola más alto que Francia, Alemania o el Reino Unido, países con los que aumentaríamos la brecha de competitividad que actualmente tenemos.

Lo que el Gobierno no dice, pero está en el fondo de su pensamiento, es que su objetivo prioritario es conseguir el déficit cero. La pregunta es ¿sobre las espaldas de quién?, ¿de las petroleras o de los consumidores?, ¿de las compañías de teléfonos móviles reabriendo el sistema de licencias, o de los pequeños agricultores y transportistas autónomos? En definitiva, el Gobierno ¿va a defender el interés general o sólo el de unos pocos? La mayoría absoluta en el Parlamento no es incompatible con una minoría social en determinados momentos. Creo que estamos en uno de esos momentos. Las movilizaciones de la plataforma comienzan hoy, el Gobierno dirá si quiere que continúen o no.

Fernando Moraleda Quílez es secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y portavoz de la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de septiembre de 2000