Las tramas de ETA

En una organización como ETA, que utiliza la violencia terrorista como método para imponer unos postulados ideológicos y cuyas acciones son justificadas por un sector de la sociedad vasca, por minoritario que sea, la línea divisoria entre actuaciones políticas de los radicales y el crimen puede llegar a ser inexistente. La acción judicial, con las cautelas y garantías pertinentes, debe ser parte de la defensa del Estado de derecho y la lucha contra el terrorismo. A ello responde la detención ayer, en el País Vasco, Navarra y Madrid, de una veintena de personas vinculadas a Ekin, corriente interna de Herri Batasuna que sucedió a la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS).La investigación del juez Garzón que ha llevado a estas detenciones es una continuación de la que el propio magistrado inició dos años atrás contra el círculo que, amparándose en la legalidad democrática o en los resquicios que ésta deja, sostiene y colabora con la organización terrorista. Con sus sucesivas indagaciones contra las tramas internacional y financiera de ETA, que llevaron en julio de 1998 a intervenir y clausurar el diario Egin, Garzón dio un salto conceptual al establecer que entre la banda armada y algunas estructuras del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) hay más que una mera sintonía política. Es lo que debe sustanciarse, por ejemplo, en el caso Xaki, por el que acaban de ser procesadas 16 personas acusadas de formar el "ministerio de asuntos exteriores" de ETA.

De siempre han existido implicaciones entre la constelación de organizaciones del autodenominado MLNV y la banda armada. Hay datos, sin embargo, que apuntarían a un mayor trasvase de militantes y complicidades desde que ETA perdió su santuario en el sur de Francia y, sobre todo, desde que, a partir de 1997, convirtió el asesinato de cargos electos de partidos no nacionalistas en la palanca criminal para lograr su desistimiento y para forzar al nacionalismo democrático a doblegarse a sus propósitos. El desarrollo de la investigación en curso determinará en qué medida es cierto, como asegura el Ministerio del Interior, que los detenidos forman parte del "núcleo responsable de la nueva estructura de ETA" y son corresponsables de su estrategia de asesinatos, violencia callejera y extorsión reemprendida con determinación insensata tras la tregua.

La gran diferencia entre los poderes democráticos y quienes pretenden subvertirlos radica en que los actos de los primeros están sujetos al control político y al de los tribunales de justicia. Por ello, antes de hacer juicios de valor sobre eventuales responsabilidades penales, resulta conveniente aguardar a que las pruebas acumuladas en contra de los detenidos se concreten sumarialmente. Sin embargo, esta elemental cautela no puede transmutarse en desconfianza respecto a las actuaciones de la policía y de la justicia, como se desprende de las reacciones inmediatas de algunos dirigentes del nacionalismo vasco.

En esta ocasión, Xabier Arzalluz ha evitado la habitual descalificación de las detenciones por su naturaleza "represiva". Pero manifestar que es mucho más sencillo "coger a 17 individuos de la izquierda abertzale que encontrar droga en un barco", o que, con esta operación, Mayor Oreja trata de enmascarar su incapacidad para "cazar un comando", revela un preocupante desentendimiento de las obligaciones sustantivas del Estado de derecho en la protección de sus ciudadanos. Más inadmisibles resultan, en cualquier caso, las palabras del portavoz de EH, Arnaldo Otegi, que convierten a los medios de comunicación en los culpables de la investigación judicial contra la estructura de ETA. Que un especialista en contextualizar los asesinatos, eludiendo siempre el más leve atisbo de rechazo, lance acusaciones universales contra los medios revela su repugnante catadura moral. Por mucho que pretenda escudarse acto seguido con la frase ritual de que con ello no pretende justificar absolutamente nada.