La protesta por el alza del gasóleo amenaza con colapsar mañana Barcelona y Mérida

Contactos entre bastidores

La ola de protestas en contra de la subida de los carburantes que recorre Europa llegará mañana a España. Y entrará por Cataluña y Extremadura.Varias asociaciones de transportistas y taxistas de Barcelona, que forman parte de la Plataforma de Consumidores de Carburantes, anunciaron ayer su intención de bloquear los principales accesos de la ciudad entre las siete y las 10 horas de mañana. Los transportistas realizarán una marcha lenta desde tres puntos: el nudo de la Trinitat, el nudo de la pata sur de la ciudad y su zona de influencia -entre las poblaciones de Sant Boi de Llobregat y Cornellà- y el Paseo de Colón, junto al Puerto de Barcelona. Esta protesta coincide con el inicio del curso escolar y está previsto que participen en ella más de un centenar de vehículos entre camiones y taxistas, según las asociaciones convocantes.

El segundo punto conflictivo de mañana será Mérida. La capital extremeña ha sido el escenario elegido por el conjunto de la Plataforma de Consumidores de Carburantes (formada por agricultores, pescadores, transportistas, asociaciones de consumidores, asociaciones de vecinos, subcontratistas de obra pública y taxistas) para echar su primer pulso al Gobierno. En Mérida es fuerte la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) que ha capitaneado este movimiento de protesta.

La intención de la Plataforma es bloquear la capital extremeña con más de mil vehículos, protesta que culminará con una concentración a la que está prevista la asistencia de miles de afectados. Allí, los responsables de la Plataforma dejarán bien clara su exigencia básica: una rebaja del impuesto sobre hidrocarburos. Este impuesto grava en 13,90 pesetas el litro de gasóleo.

Esta exigencia es la que llevarán el próximo lunes a la mesa de negociación que tienen abierta con los ministerios de Agricultura y Hacienda. Una mesa que hasta ahora sólo ha cosechado fracasos. De momento, el Ejecutivo únicamente ha ofrecido una congelación del impuesto de hidrocarburos, algo que le parece insuficiente a los responsables de la plataforma.Es más, si Agricultura y Hacienda no mueven ficha, "el conflicto se afrancesará", según manifestó ayer el portavoz de la Plataforma y secretario general de UPA, Fernando Moraleda. Por su parte, tanto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como el secretario de Estado de Economía, José Folgado, insistieron ayer en que no es posible esa rebaja y apelaron a "la actitud responsable de los afectados". El endurecimiento de la protesta en caso de desacuerdo se traducirá en el bloqueo de diversos puntos de distribución de carburantes repartidos por toda España por tiempo indefinido. Como complemento, la Plataforma tiene previsto repetir en Valencia el próximo día 22 la protesta que mañana pondrá en escena en Mérida.

Mientras se sucede una riada de declaraciones respecto al conflicto, representantes del Ejecutivo y de la Plataforma siguen, entre bastidores, tratando de acercar posiciones. Fuentes conocedoras de los contactos insisten en que las posturas sobre el futuro del impuesto sobre hidrocarburos siguen distantes. Tan sólo se aprecia un ligero cambio en la Administración, que parece dispuesta a permitir que las cooperativas agrícolas vendan carburante a terceros.

Fuentes de la Plataforma señalan, sin embargo, que estos intentos de acercamiento se están viendo ensombrecidos por otros movimientos de la Administración. En concreto, aseguran que Agricultura trata de formar una mesa de negociación paralela con otras dos organizaciones agrarias, COAG y la patronal Asaja, que no forman parte de la Plataforma de Consumidores de Carburantes. La COAG tiene previsto realizar una tractorada mañana y el sábado en Segiovia, localidad que acogerá la cumbre hispanoalemana a la que asistirán los presidentes de Gobierno de Alemania, Gerhard Schröder, y de España, José María Aznar.

Por su parte, Conetrans, la patronal de los transportistas, también se ha quedado fuera de la Plataforma. Fuentes del sector sostienen que Conetrans se conforma con que el Gobierno le dé permiso para repercutir en tarifas el aumento del carburante.