El debate sobre la fuerza jurídica del proyecto

Las posiciones sobre el contenido de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea son básicamente tres: el grupo menos crítico opina que al menos se recogerán por primera vez en un documento los principios básicos del ciudadano europeo, para acometer en los próximos años la redacción de una verdadera Constitución europea como reclaman, por ejemplo, los alemanes. Es también la posición del eurodiputado español Iñigo Méndez de Vigo, que preside el grupo de europarlamentarios que participa en la redacción del texto actual. El segundo grupo, en el que figura el grupo socialista de la Eurocámara y los sindicatos, echa de menos que el texto no recoja derechos básicos ya incluidos en las constituciones nacionales y no apoya, e incluso algunos rechazan, el texto actual. Un tercer grupo considera que los derechos de los europeos ya están recogidos en la Convención Europea de Derechos Humanos y que no es necesario un texto que no incluye mejoras. "Algunos artículos son incluso regresivos con respecto a la Carta Social Europea", critica Carlos Carnero, eurodiputado socialista de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Pero, además de las críticas al contenido, el debate actual se centra en la fuerza jurídica que debiera tener la Carta. De entrada, debe decidirse si la misma se incorpora o no a los Tratados de la Unión. El Parlamento Europeo apoya tal incorporación y la mayoría de los grupos desean que tenga fuerza jurídica vinculante. El comisario Vitorino se inclina por la incorporación a los Tratados, bien como un nuevo capítulo o bien como un anexo. También en este caso, la Eurocámara ha pedido a la Comisión y al Consejo que se defina al respecto.

Por último, no falta quien recuerda que, al plantearse la redacción de una Carta de Derechos Fundamentales de la UE, también surgió la hipótesis de elaborar un Estatuto del Emigrante en Europa, lo que hasta ahora está en el olvido.