El alcalde de Castril declara hoy como imputado en el juzgado de Huéscar

El alcalde de Castril (Granada), el socialista Joaquín Fernández Romero, ha sido citado a declarar esta mañana como imputado en el juzgado de Huéscar para explicar las razones que llevaron a proponer a su equipo de gobierno la desafección de su pueblo como Conjunto Histórico Artístico. Fernández fue denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el concejal independiente José Juan López Ródenas por llevar a cabo unas obras en el entorno del Castillo de Castril que, según un informe solicitado por el ministerio público, causaron daños "irreparables" en los restos arqueológicos medievales.A partir de la denuncia presentada por López Ródenas la Fiscalía encargó un informe al Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil que certificó que las excavaciones ordenadas por el Ayuntamiento, y que carecían del informe preceptivo de la Comisión del Patrimonio, habían causado destrozos en la zona protegida. Un segundo informe, firmado por el arqueólogo Antonio Malpica, valoró como muy graves los desperfectos ocasionados por la maquinaria pesada utilizada en los trabajos junto al castillo.

El fiscal comprobó que el motivo aducido por el Ayuntamiento para iniciar las obras sin los permisos necesarios de la Consejería de Cultura es que el pueblo había dejado de ser Conjunto Histórico Artístico por decisión del pleno municipal, un acuerdo que la Fiscalía considera contraria a la ley.

No obstante, la desafección de Castril en noviembre de 1999 como conjunto patrimonial tuvo efectos inmediatos, ya que el Ayuntamiento autorizó todas las obras paralizadas hasta entonces por no disponer del dictamen de la Comisión del Patrimonio. Entre tales obras se encuentra una emprendida por el propio Joaquín Fernández para ampliar el negocio familiar de hostelería y que, pese a las órdenes de paralización dictadas por la Consejeríade Cultura, ha proseguido.

El fiscal y la Junta de Andalucía niegan que la declaración de Castril como conjunto patrimonial, iniciada en 1982 pero nunca ultimada, haya caducado. Ambas partes alegan que al ser un expediente anterior a 1985 se rige por una ley de 1933.

El ministerio público, que instó la apertura de las diligencias, consignó elementos de "resolución injusta" en el método empleado por la corporación.