La policía de Irlanda del Norte recurre a abogados para protegerse en la instrucción del atentado de Omagh

Agentes y oficiales del Royal Ulster Constabulary (RUC), la policía de Irlanda del Norte, tendrán representación legal en la instrucción del atentado de Omagh para protegerse de los duros interrogatorios a que les someten los abogados de los familiares de las víctimas durante la vista pública. Con la investigación criminal en un punto muerto por falta de pruebas, el RUC se juega su prestigio en esta detallada reconstrucción de la tragedia que causó la muerte de 29 personas y cerca de 300 heridos, el 15 de agosto de 1998. Los letrados evitarán que miembros del RUC de bajo rango respondan a cuestiones incriminatorias, como sucedió esta semana con el agente William Hall, relacionadas con la respuesta policial a una amenaza terrorista. La actuación de la policía tras la amenaza de bomba de Omagh es muy discutida, especialmente por el desalojo de las calles que llevó a cabo.

La instrucción pública, que arrancó el pasado miércoles, no está destinada a descubrir la identidad de los terroristas ni a juzgar la actuación de los policías o de los servicios de emergencia. Pero las declaraciones de los testigos, en especial de responsables policiales, pueden conducir a acciones judiciales civiles contra el RUC por parte de los familiares.

En las próximas semanas, los abogados del RUC tratarán, por tanto, de mitigar las presuntas consecuencias nefastas de la actuación policial el día de la explosión del coche bomba, cargado con unos 150 kilogramos de explosivos. "Los interrogatorios son muy agresivos y parecen sugerir que los agentes de Omagh son, en alguna forma, culpables de las muertes. Cumplieron su trabajo lo mejor posible dadas las circunstancias", reconoce Stanley McCombe, que representa a su esposa, Ann Issobella, asesinada en el atentado.

Los autores de la bomba, miembros del IRA Genuino (pequeño grupo de disidentes republicanos escindidos del IRA a raíz del proceso de paz), siguen libres dos años después. Detectives del RUC y sus colegas irlandeses conocen su identidad, pero carecen de pruebas para iniciar trámites legales. Tan solo una persona, Cowl Murphy, está acusada (de conspiración para causar una explosión) y en libertad condicional.