¿Pacto o apaño local?

A tenor de la información proporcionada por los medios de comunicación esta semana, el PP andaluz pretende convertir el "pacto local" en el tema "clave" del presente curso político. En este sentido el Secretario General de los populares andaluces, Antonio Sanz, anunció que su partido pediría de manera inmediata un debate general en el Parlamento, ya que consideran "imprescindible que antes de fin de año hayan concluido las negociaciones" y que "los presupuestos regionales para 2001 recojan una partida específica para las transferencias locales".Es una buena noticia que así sea. El debate sobre qué competencias deben ser ejercidas por las Comuniades Autónomas y qué competencias deben serlo por los municipios es uno de los debates pendientes en el proceso de descentralización política puesto en marcha tras la aprobación de la Constitución. Es también una buena noticia que el Parlamento haya decidido que el debate solicitado por el PP se vaya a celebrar esta próxima semana.

Ahora bien, dicho esto, hay que añadir de manera inmediata que estará bien el debate, si se plantea bien y no de manera "ventajista", es decir, si se plantea con la finalidad de dar respuesta a un problema objetivo del funcionamiento del Estado de las Autonomías y no con la finalidad de obtener exclusivamente una rentabilidad electoral.

Y para ello hay que empezar no transmitiendo información confusa a los ciudadanos. Es verdad que los municipios tienen un peso relativamente bajo en el Estado de las Autonomías. Pero no lo es menos que en el pasado su peso siempre ha sido menor . Una más de las diferencias de España respecto de los países europeos occidentales ha sido el escaso peso de las corporaciones en el sistema político. El Estado español ha sido históricamente extraordinariamente centralista, habiendo negado de manera radical el reconocimiento del derecho a la autonomía de las "nacionalidades y regiones" y siendo escasamente respestuoso de dicho derecho respecto de los municipios. En el día de hoy los municipios no tienen menos presencia en el sistema político que en el pasado, sino más. Desde luego políticamente. Pero también desde el punto de vista de las materias sobre las que se ejercen competencias y del volumen de recursos que gestiona. Presencia que ha ido a más, aunque por muy poco, desde la entrada en vigor de la Constitución. No ha habido, pues, ninguna "edad de oro" municipal respecto de la cual nos hayamos ido deteriorando.

No se pued discutir, sin embargo, que las Comunidades Autónomas han sido las grandes beneficiarias del proceso de descentralización política que se inicia con la transición y, especialmente, con la entrada en vigor de la Constitución, sin que la posición de los municipios se haya visto afectada de manera comparable. La construcción del Estado de las Autonomías ha alterado sensiblemente la posición del Estado y la de las Comunidades Autónomas, es decir, la de los dos primeros niveles en que se articula nuestro Estado "compuesto", mientras que ha mantenido sensiblemente igual la posición del tercer nivel, la de los municipios.

Es lógico que así haya sido. La autonomía de las "nacionalidades y regiones" era la cuestión decisiva del proceso de reforma del Estado iniciado en 1978 y, en consecuencia, sin la afirmación de la posición de las comunidades autónomas el diseño constituyente del Estado no habría podido imponerse en la práctica. De ahí que todo el énfasis en estos dos primeros decenios de desarrollo de la Constitución se haya puesto en fortalecer la presencia de las comunidades autónomas en nuestro sistema político.

Pero, una vez asentado el Estado de las Autonomías, es preciso reflexionar sobre la situación a la que hemos llegado y preguntarnos si la distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno es la adecuada o puede ser mejorada. Dicho de otra manera: ¿ está haciendo cada nivel de gobierno lo que tiene que hacer o hay cosas que está haciendo un nivel de gobierno que sería mejor que lo hiciera otro ?

En lo que al Estado se refiere, parece que hemos llegado casi al límite. Se ha transferido a las Comuniads Autónomas prácticamente todo lo transferible. Siempre habrá disputas sobre problemas concretos, pero en línas generales, el problema está resuelto.

En el momento actual el debate se situa en los otros dos niveles de gobierno. ¿ Están ejerciendo las Comunidades Autónomas competencias que sería mejor que ejercieran los municipios y sería, en consecuencia, oportuno que se produjera la transferencia correspondiente acompañada de la dotación económica para su gestión ?

Aquí es donde está el debate. Debate que, para que pueda acabar siendo fructífero, no podrá circunscribirse al ámbito de una comunidad autónoma, sino que tendrá que extenderse a todo el Estado. No puede haber un "pacto local" exclusivamente regional. Puede haber un "apaño", pero no un pacto. Los cambios normativos que el "pacto local" exige, desbordan con mucho la competencia que la Constitución y los Estatutos de Autonomía atribuyen a las Comunidads Autónomas y exigen inexcusablemente la intervención del legislador estatal.

Para resolver el problema es, pues, necesario que los partidos políticos en general y en particular los dos grandes partidos españoles, PP y PSOE, se pongan de acuerdo y suscriban unos pactos similares a los de 1981 y 1992, mediante los cuales se acabó definiendo la estructura del Estado diseñada en la Constitución.

Aquí es donde está el punto débil de la iniciativa del PP andaluz, su naturaleza "ventajista". El PP no puede olvidar que es el partido de gobierno de España y en buena parte de las Comunidades Autónomas. ¿Por qué en Andalucía y por qué no en el resto del Estado? Si la posición jurídica de las Comunidades Autónomas en el Estado es sustancialmente similar, ¿no es lógico que también lo sea la de los municipios? El PP no puede no saber que la posición de los municipios está definida en leyes estatales y que la respuesta al Pacto Local la tienen las Cortes Generales y no el Parlamnto de Andalucía.