El debate del agua

No ha constituido ninguna sorpresa que la entrega del anteproyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional al Consejo Nacional del Agua -organismo consultivo de amplia representación institucional y social de los sectores relacionados con la gestión y el uso del agua- haya reavivado la polémica sobre el reparto de este bien fundamental y escaso en el conjunto de España. Si cabe, el conocimiento público del contenido del plan ha hecho más firme la oposición de quienes son llamados a cederla y más expresiva la satisfacción de quienes van a recibirla. Pero sería un error grave que el problema del agua en España se identificara en el ánimo de los ciudadanos con los trasvases. Éstos constituyen, sin duda, el aspecto más polémico de la cuestión, dada la disparidad territorial de recursos hídricos que existe en nuestro país. Pero, más allá de los trasvases, necesarios en algunas zonas, el objetivo central de un plan tan vasto de ordenación de los recursos hídricos debe ser su gestión integral, su uso racional y la puesta en práctica de medidas que impidan la pérdida de una parte importante de aquéllos en conducciones vetustas o en mal estado, así como su derroche en un consumo desbocado o inadecuado.

Hay que partir del dato esencial de que el consumo de agua por habitante en España es de los más altos del mundo. En parte es consecuencia inevitable del desarrollo de una agricultura de alta rentabilidad en suelos de escasísima pluviometría, pero no es ajena a este derroche la práctica gratuidad de un bien muy escaso en nuestro país. Todavía está vigente la ancestral y falsa creencia de que el agua, por ser un producto natural, es algo ilimitado. Pero no sólo no lo es, sino que cada vez lo será menos, dado su creciente valor en el bienestar de las personas y en el desarrollo social y económico de las poblaciones.

De aquí al 25 de septiembre, fecha en la que el Consejo Nacional del Agua deberá remitir al Gobierno su informe no vinculante sobre el anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, sus miembros tendrán ocasión de centrar el debate y de hacer un ejercicio de pedagogía social sobre un problema que no sólo debe afrontarse en todos sus aspectos -infraestructuras, inversiones y hábitos de consumo-, sino en su cabal dimensión interterritorial, como una cuestión que, en mayor o menor medida, atañe a toda España. En ese debate, en el que participan también las autonomías más afectadas, deberían perfilarse mejor los objetivos del plan y establecerse claramente los requisitos indispensables para que los posibles trasvases puedan ser considerados viables tanto social y económicamente como políticamente. Sobre todo, por parte de las comunidades llamadas a soportarlos. Sin duda, tales puntos de vista serán de mucha utilidad al Gobierno, aunque habría sido preferible que el debate social sobre el agua hubiera precedido, y no seguido, a la elaboración del anteproyecto gubernamental.

En todo caso, parece existir el suficiente consenso político como para abordar por primera vez el reto de resolver un problema polémico y decisivo. Porque se trata, ante todo, de una decisión eminentemente política que se justifica en razones de interés general -la solidaridad interterritorial-, a pesar de los riesgos y costes que comporta. Evitar en lo posible esos riesgos y evaluar los costes es tarea previa a cualquier decisión de trasvase. No sólo hay que prevenir los daños medioambientales y establecer mecanismos compensatorios adecuados a favor del territorio cedente, sino delimitar claramente los objetivos del agua trasvasada. La discusión de fondo que es preciso plantear tiene que ver con el modelo de desarrollo territorial que quiere este país. ¿El objetivo a largo plazo es concentrar aún más la población en la franja mediterránea mientras la meseta se desertiza en torno a la megalópolis de Madrid? Cuando los territorios del centro objetan algunos trasvases es posible que estén defendiendo legítimas esperanzas de desarrollo propio. Por supuesto, debe haber compensaciones, la solidaridad exige atender, desde luego, las necesidades de abastecimiento humano como prioridad máxima, pero también atender las esperanzas de desarrollo de la España central.