Lo que nunca dice el 'lehendakari'

Cada vez que el presidente del Gobierno de Euskadi se considera obligado a pronunciar unas palabras, o a escribir un artículo, después de algún asesinato de ETA, puede esperarse de él una firme condena moral, una dura advertencia de que ése no es el camino, una clara manifestación de solidaridad hacia las víctimas, y hasta una compungida confesión de sorpresa, de incomprensión de lo ocurrido, si la víctima pertenece al mundo nacionalista. Es obligada también una acuciante llamada al diálogo de todas las fuerzas políticas, sin exclusión de participantes ni de tiempo: dialogar hasta el amanecer, titulaba el lehendakari un reciente artículo. Tal es en resumen el guión, reiterado como un rito: condena, aviso, solidaridad, incredulidad si fuera el caso, diálogo.En el arte, o artificio, de buscar para sus apariciones públicas nuevas figuras retóricas, construir frases más contundentes y emplear un tono que quiere ser convincente y acaba siendo patético, el lehendakari da la impresión de haberlo dicho todo. Pero a medida que se le escucha, la palabra suena cada vez más hueca, como si se redujera a una simple coartada para eludir la única declaración formal que un jefe de Gobierno está obligado a pronunciar cuando un representante elegido por votación popular, un miembro de las fuerzas de seguridad, un empresario, un periodista, es asesinado por una organización que disputa a su Gobierno el uso legítimo de la violencia. El lehendakari da la impresión de haberlo dicho todo, pero nunca dice lo principal: que empleará todos los medios a su alcance para perseguir y castigar a los culpables de tanto crimen.

Eso, tan sencillo, tan de cajón, nunca lo dice el lehendakari. Jamás ha dicho que los culpables serán perseguidos, jamás ha prometido no descansar hasta dar con los ejecutores de unas muertes que tanto le conmueven y que con palabras tan sentidas lamenta y condena. Puede decir, y dice, que está dispuesto a dialogar con todos hasta la extenuación; pero nunca dice, ni dirá, que no descansará hasta encontrar a los culpables y conducirlos ante los tribunales de justicia.

Y no lo dice porque el Gobierno que preside ha renunciado al ejercicio de la violencia legítima contra quienes ilegítimamente alardean de ejercer la violencia. El reciente caso del alcalde de Markina, que aduce el miedo como justificación de una medida adoptada por su Ayuntamiento, ha puesto a cada cual en su sitio. Una autoridad pública que, por miedo, toma a sabiendas una decisión no ya injusta sino ilegal, se convierte en marioneta de la organización que le mete el miedo en el cuerpo. La única salida que le queda a una autoridad incapaz de hacer cumplir la ley, por la fuerza si es necesario, es la renuncia al cargo. Porque lo ocurrido con ese alcalde, y lo que ocurre cada semana con lo que nunca dice el lehendakari, es un trasvase a chorros, y gratuito, de legitimidad a quienes desafían su poder, el único legítimo, con el ejercicio organizado de la violencia para imponer sobre la mayoría la voluntad de una minoría a base de vandalismo callejero y bombas lapa. Los ayuntamientos, los gobiernos de las autonomías son poderes públicos, poderes del Estado, y la renuncia al ejercicio de la violencia legítima para cumplir y hacer cumplir la ley conduce a la quiebra del Estado de derecho.

En esas estamos. Sin duda, el lehendakari y las fuerzas de policía a sus órdenes, que disponen de medios sobrados para prevenir crímenes y perseguir a los culpables, actuarían de otra manera si las consignas emanadas de la cúpula del PNV fueran otras. Pero esas consignas, hasta hoy, son que el PNV necesita a quienes representan a ETA. Ése, y no otro, es el origen de la abdicación del Gobierno vasco y, por arrastre, de la quiebra del Estado de derecho: que el partido en el Gobierno de Euskadi es, además, el partido necesitado de unos malhechores que disputan con éxito a ese mismo Gobierno el ejercicio legítimo de la violencia.