El Gobierno y el PSOE dan el primer paso para consensuar el Plan Hidrológico Nacional

El Gobierno de José María Aznar y el principal partido de la oposición han mantenido ya al más alto nivel los primeros contactos para consensuar el Plan Hidrológico Nacional (PHN). El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia, Mariano Rajoy, y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Caldera, incluyeron este asunto en una conversación celebrada el pasado jueves. El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, acordó con la secretaria de esta área de la Ejecutiva del PSOE, Cristina Narbona, la celebración de la primera reunión técnica el próximo miércoles.

El principal punto del PHN es el trasvase, desde el bajo Ebro, de 1.000 hectómetros cúbicos anuales (el equivalente a 70 litros diarios por cada español) destinados a Cataluña (200 hectómetros), Comunidad Valenciana (300), Murcia (400) y Almería (100). Estas zonas receptoras no podrán ampliar sus regadíos. La obra costará 700.000 millones de pesetas.Aunque el PSOE no dispone aún del anteproyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN), Cristina Narbona ha remitido al ministro Matas una carta en la que le expresa "su sincera voluntad de colaborar en el consenso de una cuestión de tanta envergadura". Dicho esto, señala las cuestiones en las que el PSOE desea profundizar, aunque en ningún momento exprese su oposición a los trasvases. El proyecto socialista también los incluía (el plan es una ley de trasvases), pero siempre tuvo enfrente el radical rechazo del PP, encabezado entonces por la actual vicepresidenta de la UE, Loyola de Palacio.

Los socialistas piden que se clarifiquen los mecanismos que permitan compensar los efectos sociales y ambientales de los trasvases entre las diferentes cuencas hidrológicas, "así como los límites y las condiciones del trasvase de agua a la cuenca receptora, a partir de un análisis exhaustivo de las alternativas existentes y de sus correspondientes costes y beneficios".

En esta misma línea, reclaman precisión en los compromisos de inversión pública, así como el calendario de ejecución de las obras previstas que corran a cargo tanto del ministerio como de las Sociedades Estatales de Agua, entidades creadas por el anterior Gobierno para evitar que los gastos en obras computen como déficit en las cuentas del Estado. Con todo, los socialistas no creen que el PHN pueda llevarse a cabo con la escasa dotación de las confederaciones hidrográficas, que gestionan el agua en cada cuenca. Según Narbona, a la del Guadalquivir se le han escapado 600.000 hectáreas de nuevos regadíos que no figuran como tales.

La Confederación Nacional de Comunidades de Regantes, que agrupa a más de 800.000 agricultores de toda España (los que consumen el 80% del agua), ha decidido crear una comisión encargada de negociar el PHN internamente y proponer al Consejo Nacional del Agua una posición conjunta. Esta comisión está integrada por José Fernández-Heredia, del Guadalquivir; Araceli Olmedo, del Guadiana; Ignacio Azqueta, del Tajo; Ángel del Riego, del Duero; José Antonio Rubio, del Ebro, Juan Antonio Delgado, del Júcar, y José Joaquín García-Yelo, del Segura.

Mientras los regantes mantienen una actitud cautelosa, los políticos toman posiciones. Así, el diputado catálán de CiU Marià Curto aseguró a la cadena SER que el agua deberá pagarse a un precio elevado como contrapartida, de lo contrario no habrá acuerdo para trasvasar. Curto consideró razonables unos 30.000 millones de pesetas anuales para invertir en el bajo Ebro en Tarragona.

Por su parte, el consejero valenciano de Obras Públicas, José Ramón García, apeló ayer a la "solidaridad" de los aragoneses para ceder "una pequeña parte" de sus excedentes, informa Jaime Esquembre. El PHN asume los planes de las cuencas del Júcar y el Segura, por lo que el Ejecutivo valenciano, en manos del PP, lo da por bueno y reclamará el apoyo de las fuerzas políticas en la oposición. "Nos gustaría que la defensa no fuera sólo cosa del Gobierno, sino de la sociedad valenciana en su conjunto", señaló García.