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PRIMER CONSEJO DE GOBIERNO DESPUÉS DE LAS VACACIONES

La antigüedad como solicitante puntuará para obtener un piso social

El nuevo baremo de adjudicación de vivienda social, para familias con una necesidad urgente de casa que ganen menos de 2,5 veces el salario mínimo, valorará por primera vez la antigüedad de la demanda del peticionario. Eso no significa que el solicitante que lleve más tiempo esperando resulte beneficiario, porque también se miden otros factores económicos y sociales, pero sí obtendrá puntuación por ese motivo. Este baremo prima menos que el anterior a los chabolistas y concede un punto a las familias numerosas.

Chabolistas para el IRIS

Esta normativa de adjudicación, que entrará en vigor en las próximas semanas, se aplica a los pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). Sus destinatarios son las familias, personas o parejas de hecho que ganan menos de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional ponderado (alrededor de 2,5 millones al año, corregidos según la localidad y el número de hijos), carecen de propiedades y llevan al menos dos años de residencia en Madrid.La mitad de estos pisos se conceden mediante un sorteo entre los peticionarios, según sus tramos de renta y el tamaño de la unidad familiar: hasta 1,5 veces el salario mínimo, de 1,5 a 2 veces y de 2 a 2,5. El resto se reservan a los solicitantes con mayor necesidad de vivienda, y para medir su grado de urgencia se aplican sistemas de puntuación como el aprobado ayer por el Consejo de Gobierno. Los peticionarios en situación de emergencia pueden presentarse también al sorteo, pero no a la inversa.

Este nuevo baremo fija una nueva condición para todos los solicitantes de pisos sociales (tanto los que acceden al sorteo como los de urgente necesidad): no poseer una vivienda en ningún punto del Estado, salvo que se trate de una construcción con un valor catastral inferior a los 5 millones de pesetas. Hasta ahora sólo se le exigía que no tuviera una vivienda en Madrid.

El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró ayer, que, con el nuevo baremo "las mujeres víctimas de la violencia doméstica tendrán posibilidad de contar con un plus de puntuación por esa situación de maltrato". Sin embargo, este baremo no aporta nada nuevo respecto al vigente hasta ahora, de febrero de 1998, para mujeres maltratadas.

En uno y en otro se conceden cinco puntos "por conflictos graves en situaciones de convivencia o dentro de la misma unidad familiar". En ese supuesto puede incluirse el caso de las mujeres maltratadas, pero también otros.

El grupo parlamentario socialista ha reclamado en varias ocasiones que se reserve un cupo de pisos sociales para las víctimas de la violencia doméstica sin recursos. Pero Luis Peral, viceconsejero de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes, considera que no es necesario porque a través del baremo ya se conceden pisos a mujeres con ese problema. "Sería negativo crear un cupo para maltratadas, porque invadiría la intimidad de esas mujeres, ya que tendríamos que publicar, como se hace en todas las adjudicaciones, una lista con sus nombres bajo el epígrafe de víctimas del maltrato", explica.

"Además de los cinco puntos que se obtienen por conflictos graves de convivencia como el maltrato, tenemos un convenio con la Dirección de la Mujer de la Comunidad por el que nos comprometemos a cederle 10 pisos al año para víctimas de la violencia doméstica que hayan participado en sus programas", añade Peral.

El nuevo baremo da menos puntos que el anterior a quienes moran en chabolas u otras viviendas sin condiciones de habitabilidad. Ahora se conceden de tres a nueve puntos por este motivo cuando antes se daban de seis a 12. "Hemos decidido puntuar menos el chabolismo porque ya existe una entidad, el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) con una reserva de casas públicas para familias que habitan chamizos. Además en esas situaciones hace falta un apoyo social que garantiza el IRIS", apostilla el viceconsejero.Otra novedad es conceder un punto a las familias numerosas, es decir, con tres o más hijos, algo que prometió el Gobierno de Ruiz-Gallardón hace tres años.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de septiembre de 2000

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