El Ayuntamiento de Marbella lleva dos años sin pagar al Estado una deuda de 210 millones

El Ayuntamiento de Marbella, gobernado por el Grupo Independiente Liberal (GIL), continúa sin cumplir, después de dos años, la sentencia que el Tribunal Supremo dictó en firme en 1998 y por la que obligaba al Consistorio a pagar una multa de más de 210 millones de pesetas por obras de ejecución en el paseo marítimo de la ciudad. Según el alto Tribunal, estos trabajos constituyeron una infracción grave de la Ley de Costas al construirse sin permiso de la Dirección General y en una zona de dominio público marítimo-terrestre. El Supremo desestimó los dos recursos interpuestos en su día por el Ayuntamiento de Marbella y le obliga a cumplir la sanción que, meses después del dictamen, tiene un recargo del 20% más el interés del dinero.

La presidenta del Partido Popular de Marbella y diputada en el Congreso, Ángeles Muñoz, criticó ayer el silencio del GIL, a quien le exige que además de hacer frente a esta responsabilidad penal -"que al fin y al cabo pagarán todos los ciudadanos", dijo- se depuren responsabilidades políticas y que "dé la cara la persona que ordenó en 1992 que se construyera de forma ilegal". Muñoz se preguntó si para hacer frente a esta multa el equipo de gobierno volverá a subastar terrenos "o piensa acumularlos a los miles de millones que debe este Ayuntamiento a instituciones como Hacienda o Tesorería de la Seguridad Social".

Fue el Consejo de Ministros, en 1993, quien decidió multar a la empresa municipal Contratas 2000 por ejecución de obras no autorizadas en los tramos de costa del hotel Don Pepe, Puente Romano, edificio Mare Nostrum y Arroyo Las Represas. El grupo municipal del PP va a presentar una moción para que el GIL les dé explicación de la situación de esta deuda. "Me he tenido que enterar en mi condición de diputada, ya que el Ayuntamiento sigue sumido en un oscurantismo local", dijo Muñoz.

Por otra parte, la recién creada Comisión Salduba, formada por distintas asociaciones de vecinos, sindicatos, grupos ecologistas e Izquierda Unida, ha denunciado un posible pacto entre el PSOE y el GIL para la aprobación definitiva, en septiembre, del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella.