Sombras religiosas

Este mes se cumplen 20 años desde la aprobación de la Ley de Libertad Religiosa. Si el vigor de una democracia se mide más por cómo se trata a las minorías, España, en materia de libertad religiosa, no ha alcanzado la plenitud que se propusieron los constituyentes de 1978 y que desarrolló la ley aprobada hace dos décadas. La perplejidad de los defensores de la laicidad del Estado no sólo afecta a nuestro país. El próximo domingo está prevista la beatificación simultánea de los pontífices Pío IX y Juan XXIII. El primero condenó como "locura y plaga" toda idea favorable a la libertad de opinión -sostenía que el error no tiene derechos-; mientras que Juan XXIII abrió paso a la proclamación doctrinal de la libertad religiosa como pieza fundamental de la dignidad humana.

En España "ninguna confesión tendrá carácter estatal", proclama el artículo 16.3 de la Constitución. Pero esta obligada aconfesionalidad y neutralidad religiosas del Estado están bajo sospecha, a juzgar por las decenas de miles de millones de pesetas que recibe cada año la Iglesia católica a cuenta de los Presupuestos del Estado (más de 200.000 millones si se incluyen las subvenciones a los colegios católicos), frente a las cero pesetas destinadas al resto de las confesiones, 900 en la actualidad, marginadas, también sin contemplaciones, de otras ventajas estatales. Todo ello ocurre, además, cuando ya se ha superado en casi diez años el plazo que los convenios Estado-Iglesia católica fijaron para que ésta se autofinanciase mediante las aportaciones de sus fieles a través del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), en el que apenas el 33% de los contribuyentes pide asignar a esta Iglesia el porcentaje que permite la ley.

Es evidente que el hecho religioso ha sufrido transformaciones mucho más profundas que las que reflejan las actuales relaciones del Estado con la Iglesia de Roma. La Constitución obliga al Gobierno a ser neutral en el hecho religioso y a amparar la pluralidad confesional. Los tratados internacionales que regulan las relaciones con la única confesión mundial que mantiene un estado propio -el Estado Vaticano- no pueden sobreponerse sobre principios constitucionales como el de la libertad religiosa de individuos y comunidades.

El Estado nacionalcatólico que impuso la dictadura franquista, con el apoyo de la jerarquía católica, llegó a su fin con la Constitución de 1978, y existe consenso sobre el prudente acierto con que los constituyentes resolvieron la cuestión religiosa, que tanto afectó a la convivencia civil de los españoles en el pasado. Ahora son muchos los que desean una radical laicidad del Estado, cuando lo cierto es que queda un enorme camino por recorrer para hacer efectiva su obligada aconfesionalidad. Merecería la pena que las fuerzas políticas, sobre todo las que se proclaman laicas, dedicaran algún esfuerzo a reflexionar sobre cuestión tan sensible, 20 años después de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.