De mal en peor

Una de las ventajas de la democracia como forma política sobre todas las demás conocidas en la historia es que acaba poniendo a cada cual en su sitio. Y que lo acaba poniendo en tiempo real, es decir, mientras el personaje político está en activo y no como resultado de la investigación histórica. En democracia es imposible estar dando gato por liebre de manera indefinida. Al final, los ciudadanos siempre acaban formando su opinión de manera no manipulable, por muchos que sean los medios de formación de la opinión de los que se dispongan. Se puede retrasar el proceso de formación de la opinión pública, pero acaba produciéndose. Las apariencias acaban desvaneciéndose.Algo de esto es lo que está empezando a pasarle al Ministro de Interior del actual Gobierno, Jaime Mayor Oreja, calificado recientemente por Javier Arenas nada menos que como "el mejor ministro de Interior de la democracia".

Desconozco los criterios con base en los cuales el secretario general del PP ha llegado a tal conclusión, aunque hay que reconocer que ha sido el ministro de Interior, de todos los habidos hasta la fecha, que ha mantenido los índices más altos de aceptación por parte de la opinión pública durante toda una legislatura. Jaime Mayor Oreja ha sido a lo largo de la pasada legislatura la figura política más valorada de todo el país. En esta segunda legislatura de Gobierno del PP estamos empezando, sin embargo, a ver las consecuencias de la política seguida por el ministro de Interior y creo que los ciudadanos van a empezar a situar a Jaime Mayor Oreja en su sitio.

En Andalucía estamos empezando a experimentar en primera línea algunas de las consecuencias de esta manera de proceder del ministro del Interior. Me refiero, concretamente, a la Ley de Extranjería y a las condiciones en que nos va a poner, nos está poniendo ya, la manera en que el Gobierno del PP, como consecuencia de la posición de Jaime Mayor Oreja, está enfrentándose con el problema de la inmigración.

Ahora mismo el terrorismo es percibido, con mucha diferencia, como el problema más importante del sistema político español. Pero la inmigración es, potencialmente, un problema mucho más importante. El terrorismo es un problema territorialmente circunscrito y, tras la resolución del contenciosos irlandés, un problema específicamente español, que acabará teniendo una respuesta en el interior de nuestro sistema político. España, como país europeo, acabará no teniendo un problema terrorista. Más pronto o más tarde, pero acabará no teniéndolo La inmigración, por el contrario, es un problema europeo general, del que no se va a ver libre ningún país de la región. Es un problema que, en España, a diferencia de otros países europeos, estamos empezando a tenerlo. Pero es un problema que va a ir a más a medida que pase el tiempo.

Justamente por eso, es de suma importancia que la política migratoria deje de ser un elemento de enfrentamiento electoral, para convertirse en política de Estado, en la que tiene que existir un acuerdo entre los diferentes partidos políticos.

Ésta era la gran virtud que tuvo el debate parlamentario del que salió la Ley de Extranjería actualmente vigente. Fue resultado de una proposición de ley y no de un proyecto de ley, es decir, la iniciativa legislativa fue de origen parlamentario y no de origen gubernamental, y fue una proposición debatida a lo largo de dieciocho meses por todos los grupos parlamentarios, llegando a ser aprobada inicialmente, prácticamente, por unanimidad. Independientemente de que la ley fuera o no mejorable, el consenso alcanzado era un valor tan importante, que nunca se debía de haber actuado de tal manera que se lo pusiera en peligro.

Y sin embargo, esto es lo que, de manera irresponsable, hizo el ministro de Interior, con consecuencias nefastas, como ya estamos empezando a ver. No se ha aprobado el reglamento para la aplicación ordenada de la Ley. Se ha intentado obviar el dictamen preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo General del Poder Judicial, que ha tenido que reivindicar expresamente el ejercicio de la competencia que le corresponde. Y se está en vías de aprobar la nueva ley con la mayoría del PP, pero sin contar con los demás.

Y así no vamos a ningún lado. No hay ningún estudio solvente sobre la Ley de Extranjería que haya detectado la existencia del llamado "efecto llamada" y, sin embargo, las autoridades del ministerio de Interior continúan repitiendo como papagayos la tesis del "efecto llamada", como si pudieran llegar a generarlo por el simple hecho de hacer referencia al mismo una y otra vez.

Hacer "electoralismo" con la política de inmigración es la peor forma de enfrentarse con el problema. La integración de un número cada vez mayor de inmigrantes africanos va a ser un problema de suficiente entidad para la sociedad española como para que se haga, se empiece a hacer ya, una tarea pedagógica muy intensa. Si no nos preparamos para hacer frente al problema, acabaremos cometiendo los mismos errores que se han cometido en otros países. Y esto exige un debate sereno, en el que nadie pretenda dar lecciones a los demás y presentar su postura como la única "responsable".

No cabe duda de que el PP ha obtenido el 12 de marzo una mayoría muy clara del electorado y que la reforma de la Ley de Extranjería figuraba expresamente en el programa electoral de dicho partido. En este sentido, es claro que nadie puede llamarse a engaño. El PP no ocultó su intención de reformar la ley y está, por tanto, cumpliendo su programa electoral. Su legitimidad para actuar de esta manera es, pues, indiscutible.

Y sin embargo, seguir por esa vía va a conducir a un auténtico disparate. Empecinarse en la reforma de la Ley de Extranjería contra todos o casi todos los demás partidos políticos, no solamente no va acabar dando respuesta al problema de manera a corto plazo, sino que va a acabar dificultando su solución a medio y largo plazo, que es lo que realmente importa.