El delegado del Gobierno impide instalar 12 cámaras en una calle de Majadahonda
Voluntad municipal
Los ciudadanos que transiten por las calles y avenidas de Majadahonda no serán finalmente vigiliados por las videocámaras municipales. La Delegación del Gobierno y la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, comité que vela por el correcto cumplimiento de la Ley de Videovigilancia de 4 de agosto de 1997 y que encabeza el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Javier María Casas, han denegado al Ayuntamiento majariego el permiso para instalar 12 cámaras de seguridad en la Gran Vía, la principal vía de la población.La solicitud del consistorio de Majadahonda es la única cursada por un municipio para instalar cámaras en la calle, desde la promulgación de la Ley de Videovigilancia. El equipo municipal majariego, gobernado por el PP, alegaba que estos dispositivos eran necesarios para "proteger a los paseantes e identificar a los delincuentes". Pero la comisión y la Delegación del Gobierno, tras estudiar el caso en dos ocasiones, consideran que no se dan las condiciones para que este Ayuntamiento monte en las calles del municipio un conjunto de cámaras. La ley orgánica y el posterior Reglamento, de abril de 1999, imponen severas limitaciones con el fin de garantizar las libertades de los ciudadanos.
La petición municipal, basándose en un supuesto incremento de la conflictividad en las calles de Majadahonda, fue estudiada por primera vez por la comisión el 3 de octubre del año pasado. El comité determinó entonces que de las 12 cámaras que el Consistorio reclamaba instalar a lo largo de la Gran Vía de Majadahonda, la principal arteria de la localidad - repleta de bares, comercios y bancos-, sólo tres tenían posibilidades de ajustarse a la legalidad: dos en el interior del túnel para vehículos que cruza la Gran Vía y una tercera frente a la fachada principal de la Casa Consistorial, próxima a esa calle. El resto de cámaras, a juicio de la comisión, no tenía justificación alguna.
El alcalde reconoce que las videocámaras enfocarían a casas próximas al Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Majadahonda reiteró el pasado abril -seis meses después de que se reuniese la Comisión de Videovigilancia- su "volundad" de instalar las cámaras, a pesar de las condiciones que se le imponían. "La cámara instalada frente al Ayuntamiento se dispondrá", escribe en su respuesta oficial Ricardo Romero de Tejada, "de tal forma que recoja prácticamente sólo la imagen de la fachada del Ayuntamiento. No obstante, puede ser que en oblicuo pueda afectar a alguna de las fachadas de la plaza".Igualmente, el alcalde recordó en su contestación a la Comisión de Videovigilancia que "la persona que va a manejar las cámaras será un operador del 092, persona ésta que necesaria y exclusivamente es miembro del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento, bajo la inmediata supervisión del jefe de turno y sus mandos respectivos". Por último, el Cconsistorio aseguró que cumpliría la Ley de Videovigilancia y que "se instalarán carteles que indiquen [a peatones y automovilis-tas] la existencia de estas videocámaras".
Las alegaciones municipales fueron estudiadas nuevamente el pasado 30 de mayo. Pero las respuestas del Ayuntamiento no convencieron a los miembros de la comisión, que emitieron en esta ocasión un nuevo informe, desfavorable también, contra la cámara que se quería situar frente a la fachada del Consistorio. El pasado 22 de junio, el delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui, ratificó la decisión de la Comisión de Videovigilancia y denegó finalmente el permiso al Ayuntamiento para instalar la totalidad de las cámaras.
Antonio Morales, portavoz socialista de Majadahonda, se felicitó ayer por la denegación del permiso de estos aparatos de videovigilancia. "La iniciativa del alcalde sólo buscaba controlar todos los aspectos de la vida de los ciudadanos con no sé qué fines. El alcalde quería convertirse en una especie de videovigilante de la playa, pero ahora la comisión le ha puesto en su sitio".
Morales recordó que la Gran Vía de Majadahonda es una arteria con una "escasísima" conflictividad, "por lo que no tenía ningún sentido intentar controlar a los ciudadanos a través del zoom". "Si el alcalde quiere más seguridad, que ponga más policías, pero no que intente controlar a sus vecinos como si fueran concursantes del Gran Hermano".
El Ayuntamiento de Majadahonda no respondió ayer a las llamadas de este periódico.
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