La Generalitat debe 300 millones a los afectados por el incendio de 1998

Regeneración 'insuficiente'

El Gobierno de la Generalitat adeuda 300 millones de pesetas a los propietarios forestales afectados por el incendio del 18 de julio de 1998, según el sindicato Unió de Pagesos (UP). Joan Jou, coordinador del área forestal de la central sindical, explicó ayer a este periódico que el Departamento de Medio Ambiente debe satisfacer las subvenciones por la extracción de la madera y de los arbustos no comercializables de los bosques quemados. En UP se considera que este pago ya debería estar satisfecho; por ello, los dirigentes de esta organización están reclamándolo desde la pasada primavera, primero al Departamento de Agricultura y últimamente al que dirige el consejero Felip Puig ya que en el último relevo del Gobierno catalán la Dirección General del Patrimonio Natural cambió de departamento. El incendio de 1998 arrasó 26.000 hectáreas, 12.000 de las cuales eran forestales, de las comarcas del Solsonès, Bages, Segarra y Anoia. Los payeses afectados por el incendio han recibido las ayudas destinadas a la restauración de edificios y al restablecimiento de la maquinaria destruida, así como las de la Dirección General de Turismo, pero faltan estos 300 millones, que UP quiere que se paguen antes de finalizar el mes de septiembre. Si no es así, el sindicato está dispuesto a movilizarse para exigir los pagos, según acordaron los agricultores que acudieron a la asamblea que se celebró la noche del pasado miércoles. Joan Jou afirma: "Ya no hay excusas para demorar más los pagos; las obras que hacían los propietarios están certificadas y la Generalitat ya no se puede escudar en un retraso por el traslado de la Dirección General del Patrimonio Natural de Agricultura a Medio Ambiente como ya hizo".

La factura de la Generalitat debería ascender a 900 millones de pesetas, que la Administración catalana se comprometió a pagar en dos anualidades (560 millones en 2000 y el resto en 2001), pero la limpieza del bosque tampoco se ha efectuado al ritmo previsto y se ha quedado en menos de la mitad de lo acordado. Desde UP se mantiene que la falta de trabajo en estas tareas responde a que se trata de una actividad antieconómica para el propietario y también al fracaso de los planes de empleo que ha llevado a cabo el Consejo Comarcal del Solsonès en colaboración con la Generalitat. La contribución de estos planes a la limpieza y regeneración de la zona quemada ha sido "insuficiente", según UP. A juicio de Jou, el problema estriba en que a pesar de que hay muchos trabajadores inscritos en los planes de empleo, la distribución del trabajo y el control de las tareas se decidió desde el poder político y lo ejecutaron técnicos, cuando, en su opinión, es necesaria una mayor implicación del profesional que vive del campo. Unió de Pagesos también animó a quienes acudieron a la asamblea a crear grupos de trabajo para acceder a programas de ayudas europeos.