Acebes asegura que la reforma procesal tendrá en cuenta el dictamen de la ONU contra España

El ministro de Justicia, Ángel Acebes, manifestó ayer que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que tiene en estudio tendrá en cuenta el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU que declara que el sistema de casación español vulneró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Acebes manifestó que "no se trata tanto de reformar el recurso de casación [ante el Tribunal Supremo] como de que haya una segunda instancia en todos los procesos y para todos los delitos" y de que la previsible reforma se haga "por consenso".

Tras asistir ayer en Almería a la concentración de rechazo al terrorismo, Acebes manifestó por teléfono a este periódico que ya era conocido que el Gobierno iba a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "Ya habíamos dicho que la doble instancia penal era una de las cuestiones a abordar", afirmó.Acebes dijo que ya conocía el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que declaró que un español condenado en firme por el Tribunal Supremo a 12 años de prisión por asesinato frustrado no obtuvo una revisión de su proceso ante un tribunal superior en los términos que exige el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

El ministro, que anunció la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su primera comparecencia ante el Congreso, el pasado 24 de mayo, señaló que "no se trata tanto de reformar el recurso de casación como si fuera una segunda instancia, y multiplicar así todos los asuntos", sino de que la reforma debe hacerse "para que todo tipo de delitos tengan una segunda instancia" y el recurso de casación "quede reservado para la fijación de doctrina".

Acebes expresó su respeto por el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, "un organismo del que España forma parte y que se ha pronunciado sobre un Pacto suscrito". Sobre las consecuencias que pueda tener, se mostró prudente: "Lo vamos a estudiar porque habrá que buscar una solución que a la vez sea compatible y tenga la agilidad suficiente para no colapsar el Tribunal Supremo".

El titular de Justicia aseguró que pese a la contundencia del dictamen, "el tema está bastante bien enfocado" en los estudios con que cuenta su departamento sobre la implantación de la doble instancia penal. "El presidente [José María] Aznar ya lo dijo en el discurso de investidura", aseguró, "y ahora habrá que hacer la reforma buscando el consenso de todos para que sean compatibles las garantías del justiciable con la agilidad del proceso".

Entre las aportaciones con que cuenta el ministerio figura un documento aprobado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en el que consta que "la reforma del sistema de recursos en el orden jurisdiccional penal requiere establecer en forma general la doble instancia". Según el Supremo, "esto significa que se debe introducir un recurso de apelación ante los Tribunales Superiores de Justicia contra las sentencias, dictadas en primera instancia por las audiencias". El documento prevé también la implantación de la cuestión prejudicial ante el Tribunal Supremo (cuando la instancia inferior pretenda apartarse de la jurisprudencia), y reservar el recurso de casación para unificación de doctrina.

Por otra parte, el abogado José Luis Mazón, denunciante del caso ante el Comité de Derechos Humanos, pedirá hoy al Tribunal Supremo que, de acuerdo con el dictamen, declare la nulidad de la condena de 12 años de su defendido, Cesario G. V., que se encuentra "escondido en algún lugar de España", hasta que el juicio pueda celebrarse de nuevo con otros magistrados. El abogado también interesará la suspensión cautelar de la pena hasta que pueda celebrarse nuevo juicio.