El Gobierno descarta anular las licencias de telefonía móvil pese a la escasa recaudación

El Gobierno no tiene previsto dar marcha atrás en el concurso por el que adjudicó cuatro licencias de telefonía móvil multimedia en marzo, pero sí tomará medidas para garantizar que los usuarios españoles paguen un precio inferior a los británicos, alemanes o franceses. Las opciones son establecer una tarifa plana como la que se aplica ahora parcialmente en Internet o fijar precios máximos, según las fuentes del Ministerio de Economía consultadas. La oportunidad de obtener ingresos públicos billonarios por estas licencias, como en Alemania la pasada semana, se da por perdida.

Salvar el naufragio

El ministro de Economía, Rodrigo Rato, ha visto cómo se le escapaban de las manos varios billones de pesetas por las nuevas licencias de telefonía móvil. Nada más adjudicarse el concurso español, por 86.000 millones de pesetas, Gran Bretaña optaba por el sistema de subasta y obtenía 6,5 billones de pesetas y, hace unos días, Alemania lograba 8,4 billones.Pese a lo abultado de estas cifras, Economía mantiene que la opción fue la correcta porque la finalidad no era engrosar las arcas públicas sino liberar recursos en beneficio de los usuarios. No hay marcha atrás, señalan fuentes de Economía; es decir, no se anulará el concurso tras el que el pasado 13 de marzo, nada más ganar las elecciones, el Gobierno anunció los ganadores de las cuatro licencias.

La cuestión ahora es cómo garantizar que se cumple lo más difícil: que los usuarios españoles de este revolucionario instrumento multimedia paguen un precio menor que los alemanes o los británicos. Economía quiere que el acceso sea casi tan generalizado como los actuales móviles y estudia medidas para que el precio no sea un impedimento. Las posibilidades van desde el establecimiento de una tarifa plana como la que ahora se aplica parcialmente en Internet o fijar precios máximos por franjas horarias.

Es decir, que buena parte del dinero que las adjudicatarias españolas -Telefónica, Airtel, Amena y el consorcio Xfera- se han ahorrado por no tener que acudir a una subasta, repercuta en el usuario. No tanto como las cifras billonarias pagadas en otros países, que los mercados han juzgado excesivas, ni tan poco como "el regalo" que, según los partidos de la oposición, se ha obtenido en España.

La otra vía que manejaba el Gobierno para compensar el bajo precio de las licencias (que así las compañías invertirían más y se aseguraría el desarrollo tecnológico del móvil multimedia en España) tampoco funcionará. Telefónica, por ejemplo, ya ha anunciado que invertirá cifras similares tanto en España como en Alemania para poder ofrecer este servicio: alrededor de un billón de pesetas, a pesar de que en el concurso español gastó un 1% de lo que le costó la licencia en la subasta alemana.

En una entrevista al diario asturiano El Comercio publicada el domingo, Rato daba las únicas explicaciones oficiales sobre el asunto tras conocerse el resultado de la subasta en Alemania. A la pregunta sobre si el Gobierno se había precipitado al optar por el sistema de concurso, Rato respondía un categórico "no". "Nosotros", explicó, "tomamos una decisión que nos parecía que garantizaba que en España pudiera haber unos precios baratos para el consumidor".

"Es indudable", continuaba Rato, "que muchos países europeos han tomado decisiones más orientadas a recabar a través del cobro de grandes cantidades de dinero, vía subasta, un impuesto extraordinario. Nosotros estamos viendo cuál es el final de este proceso en Europa para que se pueda mantener una situación en la que los consumidores españoles se puedan beneficiar de ese menor coste. A partir de ahí, si tenemos que tomar decisiones, las tomaremos".

¿Se puede salvar algo de este naufragio en lo que respecta a las arcas públicas? Una vez descartada la anulación del concurso, la única posibilidad sería elevar el canon anual que las operadoras han de pagar por sus licencias, en principio fijado en el 1,5 por mil de los ingresos brutos de explotación. El pliego del concurso prevé que se pueda aumentar el porcentaje, aunque no es ésta la filosofía del Ministerio de Economía. Se insiste en que el objetivo es liberar recursos para que las empresas puedan realizar las inversiones necesarias, sin que ello suponga precios inaccesibles para el usuario. Si no se consigue, el riesgo es que, lo que se ha dejado de ingresar en las arcas públicas nacionales, sirva a empresas como Telefónica para financiar las inversiones de más de un billón de pesetas que debe hacer en Alemania, donde ha obtenido otra licencia.