Intérprete de Justicia, víctima de los formalismos judiciales

La burocracia impide a Zemou, un ciudadano marroquí, cobrar casi cinco millones por su trabajo durante tres años para la Administración

Las tres de la tarde de un día de octubre de 1998. Un teléfono rompe la tranquilidad de un acogedor pisito en el madrileño barrio de Malasaña. Una voz procedente de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Madrid da orden de que su arredantario, Zemou, un ciudadano marroquí de 41 años de edad, se persone en el cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos, "inmediatamente", a petición del Juzgado número 2 de Valdemoro. A las cuatro Zemou está ya en las dependencias del cuerpo. El Grupo 32 de Blanqueo de Dinero pone a su disposición un conjunto de cintas magnetofónicas que contienen unas complejas conversaciones, que combinan hasta cinco idiomas y varios dialectos del árabe, obtenidas por intervenciones telefónicas en el curso de una investigación que se está realizando.

Desde que llegó a España, en 1988, después de diplomarse en Filosofía y licenciarse en Semiótica por la Universidad de Fez, Zemou trabajó como profesor de francés y traductor en varias organizaciones sociales. Años más tarde y conocedor de seis idiomas, entre ellos tres dialectos del árabe, presentó su currículo ante la Gerencia Territorial de Madrid del Ministerio de Justicia ofreciéndose como intérprete. Enseguida pasó a ser uno más de los 700 incluidos en los listados de dicho organismo y que, en consecuencia, pueden ser llamados en cualquier momento para asistir como traductores a alguno de los más de 150 juzgados de la comunidad de Madrid.

"A este tipo de empleo puede tener acceso cualquier persona sin necesidad de titulación. Basta con que conozca el idioma que dice saber. La mayoría de las personas que aparecen en nuestros listados no son profesionales. Tenemos desde un ama de casa hasta un estudiante, pasando por un vendedor ambulante", explica Vicente Rodríguez, responsable de la Gerencia Territorial. Y añade: "Hasta ahora no hemos tenido ningún problema". Sin embargo, muchos intérpretes consideran que las malas traducciones han perjudicado seriamente a imputados en juicios.

Se trata de un trabajo por horas: unas 6.000 pesetas por cada una en los días laborables y unas 9.000 en los festivos.

Ésa era la primera vez que Zemou iba a trabajar directamente con un cuerpo de seguridad del Estado tras varios años ejerciendo su labor de intérprete en distintos juzgados de Madrid y cobrando puntualmente sus honorarios en la Gerencia Territorial. Serían tres meses de intensa labor que darían un vuelco a su vida.

Después de 15 días trabajando para la Guardia Civil por orden del Juzgado de Valdemoro, el caso desbordó las competencias de dicho órgano y pasó a la Audiencia Nacional. Pero Zemou continuó realizando la misma labor de escucha, traducción, transcripción e interpretación de las conversaciones de los entonces supuestos implicados en una red de blanqueo de dinero. La Guardia Civil ya lo consideraba un experto en el asunto y había obtenido buenos resultados en sus investigaciones.

La única diferencia, una vez que el caso pasó a depender de la Audiencia, era que las transcripciones eran enviadas al Juzgado Central de Instrucción número 1, que dirigía y dirige Juan del Olmo y cuya secretaria era María Mariscal de Gante, prima de la ex ministra de Justicia. Además, los peritos judiciales de la Audiencia, en este caso un intérprete, cobran sus honorarios a través de otra gerencia, la de Órganos Centrales.

El 31 de enero de 1999, cuando llevaba trabajando más de tres meses y personándose diariamente en las dependencias de la Guardia Civil de Tres Cantos, Zemou reclamó sus honorarios y presentó 80 facturas -todas ellas selladas por la Guardia Civil- por valor de más de dos millones de pesetas ante el órgano pagador de la Audiencia.

"No ha habido nombramiento y, por tanto, no puede cobrar". Ésa es la frase que le han repetido hasta la saciedad María Mariscal de Gante, Del Olmo y el responsable de la Gerencia de Órganos Centrales, Román Moro. De uno a otro, de otro a uno, de la secretaria al gerente y del gerente a la secretaria. Nada: "No ha existido nombramiento".

El nombramiento o llamamiento es un formalismo jurídico que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe realizar el juez que instruye un caso para facultar a un perito judicial para que realice su labor. Del Olmo nunca hizo tal nombramiento en favor de Zemou, según la secretaria del juzgado, "porque desconocía que estuviese realizando esos trabajos" pese a que sus traducciones pasaron a formar parte del procedimiento que él mismo instruía.

Mientras Zemou recibía todo tipo de evasivas y como fruto de sus traducciones, en julio de ese mismo año la Guardia Civil detuvo a una banda clandestina en Melilla que operaba como un banco legal, con lo que quedó desarticulada una red que había lavado un billón de pesetas por el método de cambiar divisas obtenidas de la venta de hachís en el norte de Marruecos a intermediarios europeos. Se llamó Operación Solarium y fueron detenidas 48 personas, entre ellas el director y el apoderado de una sucursal del Banco Popular en la ciudad mencionada.

"A mi entender", comenta María Mariscal de Gante, "lo que está clarísimo es que la Guardia Civil se aprovechó de las traducciones de este hombre para avanzar en su investigación, aunque es cierto que después nos hemos aprovechado todos". "Pero quien le tiene que pagar es el Ministerio del Interior", afirma con rotundidad tras admitir que recibió un informe certificado por dicha institución en el que se constata que Zemou había estado prestando sus servicios como intérprete en el caso durante más de tres meses. "Yo no puedo certificar lo que no he visto. El intérprete debía haberse cerciorado de que tenía un nombramiento para seguir con su trabajo", concluye de forma contundente.

Esto es algo que Zemou no hizo porque la Gerencia Territorial de Madrid, el organismo que hasta entonces se encargaba de sus honorarios, no exige ese formalismo, según explica su responsable, Vicente Rodríguez: "Lo normal es que los intérpretes que han realizado traducciones en un juicio remitan un certificado del secretario del juzgado correspondiente, de tal manera que se da por hecho el nombramiento y se les paga".

A día de hoy, y después de haber dejado de trabajar por retraso de pagos, Zemou no ha recibido un solo duro ni de la Audiencia Nacional ni del Ministerio del Interior.

Pero el asunto no se quedó ahí. Zemou siguió atendiendo las demandas de los juzgados y el 2 de febrero de 2000 el departamento fiscal antidroga de la Dirección de la Guardia Civil, con sede en Llanes (Asturias), le requirió a él, no a otro, para traducir otras cintas, correspondientes esta vez a una investigación de narcotráfico.

El tema volvió a pasar a la Audiencia, concretamente al Juzgado Central número 4. Esta vez, y después de su experiencia anterior, Zemou solicitó ser nombrado por el juez del juzgado, el magistrado Carlos Divar Blanco. Sin embargo, éste sólo autorizó el nombramiento por escrito, sin llegar a efectuarlo.

La historia se repitió y ahora las facturas ascienden también a más de dos millones de pesetas, con lo que el total de la deuda es casi de cinco millones. "No ha habido nombramiento", pero sí hay un recurso, interpuesto por el afectado contra la gerencia de la Audiencia Nacional, que también ha sido desestimado.

A la una de la tarde de un día del actual mes de agosto de 2000 un teléfono rompe la ficticia tranquilidad de un destartalado pisito del madrileño barrio de Malasaña. Una voz de mujer, enfadada, afirma que va a expulsar a su inquilino porque le debe ocho meses de alquiler. Es Zemou, que, derrotado por el desánimo, afirma indignado: "Ya me resultan iguales los jueces que los narcos".