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El consejero de Economía cede el testigo a las dos entidades financieras

Las declaraciones del consejero de Economía, Vicente Rambla, más que resolver incertidumbres, acrecentaron la confusión. Colaboración no es lo mismo que fusión. ¿Había descubierto el consejero una nueva figura financiera, con dos centros de decisión pero una política común? La tibieza con que habló Rambla del futuro de Bancaixa y la CAM dio la impresión de que el Consell daba marcha atrás a una situación que había provocado. Nada más lejos de la realidad. Con sus declaraciones, Rambla cedía ayer el testigo y el protagonismo, una vez adoptada la decisión política de que habrá fusión, a las cajas valencianas, cuyos órganos de gobierno deben aprobar formalmente la operación.

Ninguna de las dos entidades financieras quiso ayer hacer comentarios a la intervención oficial. Los responsables de Bancaixa se encontraban de vacaciones, según un portavoz de la institución, y en la CAM respondían con un "no hay comentarios".

Fuentes financieras y políticas aseguran que el Consell considera asumibles los costes derivados de la fusión, a pesar de que Rambla declinó ayer entrar en esta cuestión aun disponiendo de estudios propios como admitió él mismo.

La información que ha trascendido sobre los dos estudios elaborados por las cajas, cuestión que Rambla criticó, trazan una horquilla muy amplia entre los costes estimados por Bancaixa y los calibrados por la CAM, reacia desde el principio a esta operación. La primera cuantifica este coste en 1.000 millones, mientras la segunda lo eleva hasta los 4.000, una diferencia que se reducirá cuando haya un informe definitivo de la operación.

"Ni se pospone la fusión ni los plazos. Es una cuestión de formas", aseguraban estas mismas fuentes.

El distanciamiento del Gobierno valenciano, escenificado ayer por Rambla, permitirá un proceso de debate en las cajas de ahorros más sosegado. El próximo otoño, el PSPV-PSOE, principal partido de la oposición, dispondrá de nueva dirección con la que negociar el proceso. También habrá habido tiempo de convencer a los sectores más resistentes a la operación, concentrados en Alicante, y asegurarse así el apoyo de los dos tercios de la asambleas necesarios para aprobar la fusión.

La lejanía de cualquier proceso electoral local, autonómico o general permite a las comunidades autónomas y al Gobierno central despejar sus dudas acerca del papel futuro de las cajas, donde además de las fusiones, está el debate de su privatización.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de agosto de 2000