Francia permitirá a las menores abortar sin necesidad de autorización paterna

El primer ministro francés, Lionel Jospin, no ha querido que continuasen acusándole de "insensible a las demandas feministas". La prensa creía que Jospin se negaba a reformar la Ley Veil sobre el aborto, de 1975, debido a la proximidad de las elecciones municipales. Ayer presentó el proyecto de ley sobre la cuestión que espera que apruebe en octubre la Asamblea Nacional. La norma amplía el plazo de aborto de 10 a 12 semanas (tiempo similar a España) y, además, permite a las menores interrumpir el embarazo sin necesidad de autorización paterna.

Con la ampliación del periodo para abortar se quiere equiparar el plazo legal francés al vigente en otros países europeos -como Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Finlandia o Austria- a despecho de las críticas de quienes temen, a partir de la décima semana de embarazo, la intervención en la decisión de la mujer de factores de carácter eugénesico: elección de sexo, negativa a aceptar pequeños defectos posteriormente operables, etcétera. La segunda gran novedad es que las menores ya no precisarán del hasta ahora imprescindible permiso de los padres para renunciar a un embarazo no deseado. Cada año, 10.000 francesas de menos de 18 años protagonizan embarazos no deseados y, en muchos casos, mayores o no, viajan a países vecinos para abortar sin tener que contárselo a sus padres o porque han superado el plazo legal. En esa situación se encuentran unas 5.000 mujeres cada año.

La nueva ley francesa pide a los ginecólogos que contribuyan a lograr la autorización de los progenitores, pero que, en el caso de que comprendan, tras hablar con la menor en compañía de psicólogos, que ese visto bueno es imposible y la demanda traumática, entonces le piden a la adolescente o joven que nombre a un adulto de su confianza para que asuma un papel de tutor, de persona "de referencia" que acompañe a la menor antes y, sobre todo después, de la intervención médica.

El Gobierno de "izquierda plural" despenalizará también la publicidad favorable a la interrupción del embarazo y de los productos anticonceptivos hormonales. Al margen de esta ley, otro texto deberá resolver el problema legal creado por un dictamen del Consejo de Estado que ponía de relieve la anticonstitucionalidad de suministrar NorLevo, la llamada píldora del día siguiente en los institutos y sin receta médica. La nueva ordenación jurídica permitiría a los menores acceder a los anticonceptivos hormonales sin necesidad de contar con el permiso familiar.

Prolongar el plazo autorizado para poder abortar legalmente en el propio país no es una reclamación que favorezca especialmente a las menores. El 87% de mujeres que se encontraba en la situación de haber sobrepasado las 10 semanas de embarazo cuando decidían renunciar a continuarlo es mayor de edad. Un 40% de ellas acude a los centros de planificación familiar cuando está encinta de entre 10 y 13 semanas. Entre 13 y 15 semanas representan un 29%, y el resto piensa en el aborto más tarde, cuando ya sólo les queda el recurso de acudir al Reino Unido u Holanda (66%) o España (13%).

La legalización del aborto en 1975, que según sus muy activos detractores debía ir en continua progresión, no parece haber disminuido ni aumentado las interrupciones de embarazos en los últimos 10 años, de manera que la cifra siempre sigue oscilando entre los 160.000 y los 190.000 anuales. Obviamente, lo que sí ha cambiado es el número de incidentes, graves o no, que puede acompañar la intervención médica. La legalización ha puesto prácticamente fin a las muertes por hemorragia o a los trastornos importantes -la esterilidad, por ejemplo- que acompañaban una cierta cantidad de abortos clandestinos, a veces efectuados por la propia embarazada.

En cualquier caso, la ministra de Empleo y Solidaridad, Martine Aubry, ha insistido en que "el diálogo de los menores con sus padres sigue siendo preferible", de la misma manera que "es mejor recurrir a la contracepción que al aborto".

En España, la normativa establece que es legal la interrupción del embarazo cuando la salud de la madre corra un grave riesgo. También lo es si el embarazo es consecuencia de una violación, siempre que el aborto se realice durante las primeras 12 semanas de gestación y el delito haya sido denunciado. Por último, el aborto está despenalizado durante las primeras 22 semanas cuando sea probable, según el criterio de dos especialistas, que el feto vaya a nacer con graves taras físicas o psíquicas. En todos los casos, las menores necesitan el permiso paterno para abortar.